DIA denuncia ante la fiscalía a altos directivos de España y Brasil por irregularidades contables

El informe de auditoría -realizado por KPMG- indica que la investigación «ha puesto de manifiesto la existencia de prácticas contables irregulares por parte de determinados empleados y altos directivos de España y Brasil, eludiendo los controles internos». Asimismo, la empresa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la Comisión de Retribuciones está analizando la activación de las cláusulas 'clawback' (reducción o devolución) sobre las distintas retribuciones abonadas a los consejeros ejecutivos cesados en 2018, como el anterior consejero delegado Ricardo Currás.

Por otro lado, el grupo DIA despedirá a «un máximo de 2.100» trabajadores en España de DIA y su filial Twins Alimentación tras registrar unas pérdidas de 352 millones de euros el año pasado y entrar en quiebra técnica, ya que tiene un patrimonio neto negativo de 166 millones de euros, frente a los 257,3 millones positivos de un año antes, según los resultados anuales presentados por la compañía.

El consejero delegado, Borja de la Cierva, ha reconocido que 2018 fue «un año turbulento para DIA, probablemente el más difícil desde la fundación de la compañía hace más de 40 años». De la Cierva, que dirige la empresa desde el 28 de diciembre del año pasado subraya que los resultados de 2018, son un «claro indicador» de que la gestión de la empresa «no alcanzó las expectativas».

En los próximos días, la compañía iniciará un proceso de consultas con los representantes de los trabajadores para iniciar el proceso de despido colectivo con el fin de «asegurar la sostenibilidad futura de la compañía», señala en un comunicado. Los más de dos mil despidos anunciados representan el 8% de la plantilla directa en España, donde tiene más de 26.000 empleados, aunque sumando Brasil, Argentina y Portugal ronda los 43.000 empleos directos.

La compañía se encuentra inmersa en una crisis en la que los resultados no hacen más que constatar el difícil momento que atraviesa, agravado además por la pugna entre el consejero delegado y el máximo accionista, el magnate ruso Mijaíl Fridman (a través del fondo Letterone) que acaba de lanzar una OPA. A pesar de la situación de quiebra técnica o 'causa de disolución', la empresa puede seguir operando gracias al apoyo de los bancos acreedores, que le han garantizado liquidez hasta mayo. Sin embargo, necesita una ampliación de capital. El Consejo de Administración plantea una ampliación de 600 millones de euros, que tendría que ser aprobada en Junta de accionistas el próximo mes, mientras que Fridman -que aunque controla el 29% del capital está ausente del Consejo desde diciembre- ofrece una ampliación de 500 millones de euros condicionada a que triunfe su OPA.

La cadena cerró el ejercicio 2018 con 352,6 millones de euros de pérdidas consolidadas, en contraste con los 101 millones de beneficio que obtuvo el año anterior, según el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las ventas cayeron un 11,3% hasta los 7.288 millones de euros, registrando descensos en todos los países donde opera (España, Portugal, Brasil y Argentina). El ebitda (resultado antes de impuestos, amortizaciones, intereses y depreciaciones) bajó un 47,8% hasta los 246 millones de euros.

La compañía ha presentado un plan estratégico 2018-2023 centrando la transformación de la oferta comercial en «la calidad, los precios bajos y la proximidad». La empresa promete modernizar el estado de las tiendas y revisar el sistema de incentivos para los franquiciados. Entre los objetivos financieros para este periodo persigue mejorar el ebitda a partir de 2020, inversión contenida en 2019 y recuperación a partir de 2020 y crecimiento de dígito simple en ventas.

Las retribuciones de los consejeros el año pasado ascendieron a 3,89 millones de euros, casi el doble que un año antes debido a la indemnización abonada al anterior consejero delegado Ricardo Currás, quien percibió 2,55 millones de euros frente a los 898.000 euros de 2017. Currás recibió 497.000 euros de sueldo, 1,65 millones de indemnización por cese y 404.000 euros en concepto de incumplimiento del plazo de preaviso y por el pacto de no competencia. La retribución del actual consejero delegado fue de 125.000 euros. La compañía comunica a la CNMV que la Comisión de Retribuciones está analizando, para su elevación al Consejo de Administración, la activación de las cláusulas 'clawback' (reducción o devolución) sobre las distintas retribuciones abonadas a los consejeros ejecutivos cesados en 2018.