El presidente del Supremo insta al Congreso a cambiar la ley hipotecaria y defiende a sus compañeros

En declaraciones a los medios en un acto judicial, Lesmes ha defendido en cualquier caso la decisión adoptada por el Pleno de 28 magistrados por hacer recaer el pago de ese impuesto sobre los ciudadanos. «La postura de todos ellos es plenamente legítima», ha señalado, antes de dirigir su mirada al Poder Legislativo.

«Esta situación se ha producido sin duda y a lo largo de todos estos años como consecuencia de la falta de claridad de la ley». «Creo que ahora mismo, las Cortes Generales tienen una magnífica oportunidad porque hay proyectos de ley en trámite, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria», ha dicho Lesmes.

El presidente del Supremo ha incidido en que «existe ahora la oportunidad de que la ley se aclare y se diga definitivamente quién es el que debe pagar». «Nos debemos que atener a lo que diga el legislador, que en definitiva es el que tiene la última palabra, a través de la ley», ha apostillado.

Sobre el pleno de este lunes, que devolvió la jurisprudencia a la situación anterior al último pronunciamiento del Supremo que hacía recaer el pago del impuesto sobre los bancos, Lesmes ha insistido en que «todos» los magistrados que intervinieron «actuaron con absoluta libertad e independencia de criterio» y acordaron «una decisión en derecho» siguiendo «las reglas del juego».

Lesmes, que concluye en diciembre su mandato, ha defendido que «la postura de todos ellos es plenamente legítima, tanto de los que resolvieron en un sentido, como en otro» ya se trataba de «resolver una cuestión controvertida» y la forma de hacerlo en el Tribunal Supremo es «votando», como se hizo, en plenos jurisdiccionales. «Son las reglas del juego en nuestro Estado de Derecho y por tanto, de nuestra propia democracia», ha añadido.

Con todo, reconoce que pueda haber suscitado malestar, como ya dijo tras la convocatoria del Pleno por parte de su compañero, el presidente de la Sala Tercera Luis María Díez-Picazo. «Las decisiones de los jueces son de poder público y están sujetas al escrutinio de la opinión pública y por tanto, de la crítica, que nosotros aceptamos», resumió.