La justicia europea abre la puerta a la Superliga

«Las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión». Con esta contundente conclusión se ha pronunciado la justicia europea sobre la batalla jurídica que las grandes asociaciones internacionales de fútbol mantienen contra ese proyecto revolucionario de competición paralela que algunos clubes europeos trataron de poner en marcha hace dos años.

En esta línea, el máximo órgano de justicia comunitario defiende que las competiciones de fútbol de clubes y la explotación de los derechos son, «claramente, actividades económicas». En consecuencia, entiende que «deben respetar las normas en materia de competencia y las libertades de circulación, a pesar de que el deporte presente ciertas características específicas, como la existencia de asociaciones dotadas de facultades normativas, de control y sancionadoras».

Pero el fallo del tribunal luxemburgués matiza a continuación que esas «características específicas» deben ser ejercidas con proporcionalidad, porque «cuando una empresa en posición dominante tiene la facultad de determinar en qué condiciones pueden entrar en el mercado empresas potencialmente competidoras, esta facultad, habida cuenta del riesgo de conflicto de intereses que genera, debe ir acompañada de criterios que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado». «Pues bien, las facultades de la FIFA y de la UEFA no están sujetas a ningún criterio de esta naturaleza. En consecuencia, ambos organismos están abusando de su posición dominante», concluye con contundencia el juez europeo.

Unos fundamentos y conclusiones bienvenidas por dirigentes como Florentino Pérez, el principal precursor de la Superliga, y que ponen en solfa el actual modelo. «Es un gran día para la historia del fútbol y del deporte. El fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio», sentenció el presidente madridista en una declaración institucional. En la práctica, sin embargo, esta victoria en los tribunales europeos supone que los clubes poderosos y la UEFA están condenados a conversar y a entenderse, eso sí, con una sentencia que permite a las entidades no tener que negociar en una clara posición de desventaja sino más bien todo lo contrario, legitimadas por la justicia y con más fuerza.

A partir de ahora, ni el organismo que preside el esloveno Aleksander Ceferin, ni tampoco la entidad poderosa que gobierna Gianni Infantino, podrán hacer y deshacer a su antojo en el deporte rey, pero tampoco es creíble un nuevo torneo en el que no participen, por ejemplo, los potentes equipos ingleses, clubes a los que el Gobierno británico impide participar de la Superliga. Tampoco estaba muy claro que alemanes, italianos y franceses se sumasen por la vía unilateral a los postulados de Florentino Pérez, apoyado entre otros por Joan Laporta. Sabido es que Real Madrid y Barcelona son archirrivales deportivos pero en temas de dinero van de la mano.

Llegados a este punto, es clave recordar que la batalla jurídica entre la Superliga, ya solo integrada en la actualidad por los dos transatlánticos del fútbol español, se desató tras anunciarse el ambicioso proyecto en abril de 2021. Dos días después, el juzgado de lo Mercantil nº17 de Madrid ordenó de forma cautelar a FIFA y UEFA que se abstuvieran de sancionar a la docena de clubes que integraban el proyecto inicial -a Madrid y Barça  hay que añadir al Atlético de Madrid, Inter, Milan, Juventus, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester City y Manchester United- y a sus jugadores. Se basó en la opinión de que ambas organizaciones internacionales ostentaban una posición de monopolio y las dudas de que la situación fuera compatible con el derecho comunitario. Posteriormente, el titular del juzgado, Manuel Ruiz de Lara, elevó seis preguntas prejudiciales al TJUE.

El 15 de diciembre de 2022, el abogado general encargado de emitir el correspondiente informe al Tribunal de Justicia de la UE, el griego Athanasios Rantos, presentó sus conclusiones, no vinculantes sino consultivas, y determinó que la Superliga tenía derecho a crear su propia competición, pero que la UEFA podía amenazar con sanciones, y que el nuevo torneo requeriría la autorización del máximo organismo europeo, «de manera objetiva y no discriminatoria». Sin embargo, la sentencia deja claro que no se podrá sancionar a los participantes en la Superliga.  Una interpretación muy 'sui generis' del Tratado de la UE que, visto lo visto, no ha tenido el refrendo final del juez.En su momento, esa posición marcada por el letrado heleno representó un duro golpe a la Superliga.

Habitualmente, la línea trazada por el abogado general de la UE es ratificada posteriormente por los jueces. Sin embargo, más adelante otro caso sobre derecho y deporte en la UE observabal a situación de manera diferente. En el caso del Amberes contra la federación de fútbol belga y la UEFA, el abogado polaco Maciej Szpunar analizaba el artículo correspondiente del Tratado de la UE para concluir que partiendo de él no se puede justificar que una entidad privada, y cualquier federación deportiva lo es, pueda restringir libertades clave en la UE como la competencia. Con esa nueva interpretación el panorama cambió y el optimismo volvió a la Superliga.

Tras conocerse el veredicto final del tribunal europeo, las reacciones no se hicieron esperar. El primero que trató de rebajar la euforia de la Superliga fue Javier Tebas, el presidente de LaLiga y uno de los dirigentes que se ha mostrado más en contra de este proyecto del que llegó a decir que fue auspiciado de madrugada y en la barra de un bar. «Hoy más que nunca recordamos que la 'Superliga' es un modelo egoísta y elitista. ️Todo formato que no sea totalmente abierto, con acceso directo, año a año, vía ligas domésticas, es un modelo cerrado. El fútbol europeo ya ha hablado. No insistáis», manifestó LaLiga inmediatamente después de conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia.

Tebas aclara que según ha determinado dicho tribunal, «una competición como la de Superliga no debe ser necesariamente autorizada». «Al habérsele planteado cuestiones de carácter general acerca de las normas de la FIFA y de la UEFA, el Tribunal de Justicia no se pronuncia, en su sentencia, sobre este proyecto específico», asegura LaLiga, citando la resolución emitida.

Javier Tebas se mostró poco después más contundente a través de su cuenta de X (antes Twitter). «Para que quede claro, no haya dudas y alguno equivocadamente se vaya a reabrir el bar a beber cubatas hasta las 5 de la mañana como parece que ha estado Bern Reichart CEO (de la Superliga) esta noche. El TJUE dice que las normas de admisión de competiciones de FIFA y UEFA sean transparentes, pero no que las mismas deban admitir a la Superliga», enfatizó el alto dirigente de LaLiga.

«Al contrario, apunta a que los criterios de admisión de competiciones tienen que ser transparentes, objetivos y no discriminatorios. Principios precisamente incompatibles con la Superliga», añadió el máximo dirigente de la patronal de clubes. Tebas respondió así a un mensaje de la empresa promotora de la Superliga, A22 Sports Management, con las siguientes declaraciones de Bern Reichart: «Para los aficionados: vamos a emitir gratis todos los partidos de la Superliga».

El fallo del TJUE ha llegado a compararse en importancia con la histórica resolución del llamado 'caso Bosman' que en 1995 revolucionó el mercado laboral del fútbol en la Unión Europea. Llamada así por el futbolista belga que denunció a un club de su país por las condiciones impuestas a un traspaso a un equipo francés, aquella sentencia permitió la libre circulación de los futbolistas en los países de la UE como el resto de trabajadores comunitarios. Sin embargo, las diferencias son evidentes.

La sentencia del 'caso Bosman' afectó solo a la contratación de jugadores y supuso que se potenciasen las principales ligas nacionales al poder nutrirse de los mejores jugadores sin importar su procedencia. En el caso de la Superliga, sin embargo, este veredicto podría suponer de facto enterrar un sector económico y de ocio sustentado por unas federaciones nacionales e internacionales que controlan y garantizan su funcionamiento. Pero eso sería llevar la situación al extremo y seguramente a ninguno de los actores les interese. Más tarde o más temprano, deberán pactar.