Sanción a un brigadista forestal: «A Pablo se la tenían jurada»

Desde hace dos días miles de mensajes inundan las redes denunciando la censura de Tragsa y la noticia no solo se ha hecho viral sino que se ha convertido en una de las más destacadas en los programas de radio y televisión.

La empresa alega que Pablo González difundió información sobre los trabajos de extinción del incendio forestal en Valleseco a leonoticias sin haberlo consultado previamente, lo que se considera «falta grave».

Así lo ha asegurado el grupo en un comunicado en el que indica que su convenio colectivo precisa que «dadas las particularidades del servicio es necesario guardar el secreto profesional respecto de todas las informaciones relativas al Servicio de extinción de incendios forestales que se conozca con motivo del desempeño de su actividad laboral», sin autorización expresa.

Pero las versiones de los compañeros de Pablo González es bien diferente. Para ellos no hay duda: «Se la tenían jurada». Y «se la tenían jurada» porque «es un chaval muy reivindicativo, que quiere que se cumpla con la legalidad y que lucha por los derechos de todos los compañeros de las Brif. Así que en cuanto han tenido la más mínima oportunidad han optado por sancionarle».

La Asociación de Trabajadores de la Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (Atbrif) de la que González es presidente, ha afirmado que las declaraciones las realizó en sus horas de descanso, como portavoz de la entidad y representante legal del colectivo de brigadistas.

Tragsa, que señala que los trabajos de extinción los llevaba a cabo en el marco del servicio para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha confirmado que la sanción se debe a que «no consultó previamente a ningún responsable de ambas entidades», lo que le hizo incurrir en una falta grave según el convenio colectivo.

En este sentido, la Atbrif ha defendido que las citadas declaraciones «ni expresan ni muestran ningún secreto o confidencialidad que no se pueda consultar en otros medios de comunicación, así como del funcionamiento de las Brif que se puede consultar en la web del propio Ministerio», según informa Efe.

Desde el Grupo han subrayado que -dada la reciente aprobación del convenio (publicado en julio en el BOE) y la «inexistencia de mala fe por parte del trabajador»- ha considerado establecer una sanción «mínima de solo dos días de suspensión», para la que además solicitó alegaciones tanto al afectado como al comité de empresa.

Han resaltado que la complejidad de las tarea de las Brif «lleva implícita la necesidad de mantener un especial cuidado sobre las informaciones que se difunden al respecto del avance de los incendios, ya que estas pueden contribuir a generar confusión entre los ciudadanos, así como a los propios equipos que están trabajando en las tareas asociadas a la extinción».