Adif gasta 4,5 millones para un análisis del «desastre» ecológico de la variante

La sucesión de reuniones y estudios en las que viven sumidos los pocos defensores que le quedan a la Montaña Central de León sumarán un nuevo episodio.

El «desastre» ecológico de la variante de Pajares, como lo describen los que lo sufren, buscará una solución a través de un informe que frené la pérdida de acuíferos que sufre la vertiente leonesa de la Cordillera Cantábrica desde que las tuneladoras empezaron a escavar a sus pies para construir los túneles del tren.

La lucha emprendida por la Asociación Lacerta y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, con el abogado Carlos González Antón a la cabeza, permitió una resolución firme que emitía el Ministerio para la Transición Ecológica en mayo de 2023. La modificación de la Declaración de Impacto Ambiental exigía que los daños causados por la construcción de la variante fueran reparados, que las grietas en los túneles se sellaran y que los recursos hídricos regresaran a la cuenca del Bernesga con una reparación del daño causado a los vecinos de las zonas afectadas.

Más de un año después de esa resolución, Adif tomaba el toro por los cuernos y daba un paso en la búsqueda de un problema que la propia administradora había causado. Lo hacía en paralelo a una de las últimas citas que los vecinos mantenían, a petición de Lacerta, para avanzar en su denuncia y formalizar un escrito que reclamase al Ministerio de Transportes el cumplimiento de la resolución de Transición Ecológica previa denuncia ante los tribunales de la Unión Europea.

Ahora, Adif ha dado un paso que no ha sido comunicado a las partes implicadas y damnificadas por la pérdida de agua a un ritmo de unos 300 litros por segundo. Tal y como recoge El Comercio, en julio se encargaba a Tragsa un estudio por valor de 4,5 millones de euros y un plazo de ejecución de dos años.

El contrato adjudicado a la empresa pública mantiene «un doble objetivo» como es el de «diseñar y ejecutar actuaciones de integración ambiental ya previstas, fundamentalmente mejoras en la revegetación de cauces y sellado de dolinas», recoge textualmente, además de realizar «los estudios, análisis y proyectos que conforme a la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental se requieran para la concreción de impactos derivados de las obras y el posterior diseño de las actuaciones correctoras, mitigadoras o compensatorias que se requieran», exponen desde Adif.

Solo en lo que duré la ejecución del estudio, la provincia habrá perdido 140.000 millones de litros de agua, cantidad con la que se podría abastecer a una ciudad como Oviedo durante todo ese tiempo. Un periodo en el que las filtraciones seguirán derivando agua por un túnel desde León hacia Asturias, en el que los pastos de regadío serán cada vez más de secano y en el que el agua del grifo de muchos pueblos de la montaña será insalubre o escasa.

No será hasta que avancen estos estudios y análisis cuando se disponga de «propuestas concretas» sobre los impactos detectados -muchos de ellos ya acreditados ante el Ministerio por parte de los pueblos afectados- y se constituya la comisión de seguimiento, que la DIA exigía en su escrito, con la que se dé «un adecuado traslado de la información» a las localidades y entidades afectadas.

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