El juzgado suspende la adjudicación de plazas de letrado en el concurso de traslados de la Junta

Ese catálogo es la pieza sobre la que se asienta toda la reorganización impulsada por la Consejería de la Presidencia para una parte importante de la plantilla de la Junta. Afecta a más de 15.000 empleados públicos y sirvió para diseñar las nuevas relaciones de puestos de trabajo (RPT) y el concurso de trasladados afectado por el Juzgado Contencioso Administrativo.

El catálogo de puestos fue recurrido por la Asociación de Letrados de la Comunidad de Castilla y León, ganaron ese recurso. También habían recurrido el concurso de traslados diseñado con ese catálogo, por lo que comunicaron al juzgado el fallo del TSJ que anulaba este instrumento y solicitaron un incidente de ejecución que paralizara cualquier decisión sobre las plazas que les afectan a ellos hasta que haya una sentencia firme y el Tribunal Supremo resuelva el recurso que la Junta ha anunciado contra la sentencia que anula ese catálogo.

El magistrado que firma el auto asume la argumentación del grupo de letrados públicos que decidió pleitear contra su 'empresa' al ordenar esa suspensión cautelar para evitar, en lo que resuelve el Supremo, que se genere un perjuicio a los recurrentes al adjudicar las plazas que salen a concurso. Entiende que hay una «dependencia causal» entre el catálogo anulado y el concurso de traslados y que el desarrollo de este último desembocaría en una «situación jurídicamente irracional con el consecuente perjuicio de muy difícil reparación». Apunta en el auto que «hay razón para la limitación de la medida a todos los puestos de letrado».

La medida cautelar que afecta a los puestos de letrado podría extenderse a otras plazas del concurso, dado que la sentencia de anulación del catálogo de este colectivo fue la primera de tres que ha dictado el TSJ hasta el momento. Tras dar la razón a los letrados de Junta, el Alto Tribunal de la comunidad hizo lo propio con los técnicos de higiene y salud laboral y con el recurso interpuesto con la CGT. Impuso en todos los casos las costas del proceso a la Administración autonómica.

Los magistrados del TSJ anularon el catálogo de puestos con dos argumentos: entienden que la Junta se ha saltado el procedimiento legal establecido para tramitar una herramienta que afecta a niveles y complemento y, por tanto, a las retribuciones de los funcionarios afectados y constatan «la ausencia de informes y datos para poder entender justificada» la tipología de puestos que establece.

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, consideró tras el segundo fallo contrario al catálogo que las sentencias se basaban en cuestiones formarles y que no iba a afectar ni a las RPT ni al concurso de traslados, además de anunciar un recurso y la tramitación de ese catálogo, sin variar el contenido, mediante un decreto que confiaba en tener culminado este mes de febrero.

Todos los grupos de la oposición alertaron sobre el efecto de 'bola de nieve' que podrían tener la anulación del catálogo, al servir el mismo de base para desarrollar las RPT que sirven para rediseñar el entramado de plantilla de las diferentes consejerías y el concurso de traslados. La previsión de adjudicación de las plazas vacantes que se ofertan a los funcionarios en este último está fijada para marzo.

El catálogo anulado salió adelante con el apoyo de cuatro de las cinco centrales sindicales con capacidad de interlocución en los órganos de Función Pública, entre ellas las tres con más representatividad: CC OO, UGT y CSIF.

Contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 cabe recurso de apelación. La Junta dispone de quince días para interponerlo.