El TSJ anula el catálogo de puestos de la Junta, básico para traslados y oposiciones

«Cabe concluir, a la vista del expediente administrativo remitido que el acuerdo impugnado carece de cualquier documentación técnica que justifique las decisiones que se adoptan», refleja la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valladolid. Ni estudios preparatorios ni informes de los puestos tipo que se aprueban ni de los preexistentes. No se especifican tampoco las normas que rigen la clasificación y definición de las funciones. «Por tanto, se desconoce qué ha llevado primero a la viceconsejera de Función Pública y después a la Junta de Castilla yLeón a aprobar el catálogo de los puestos tipo en los términos que lo ha hecho», remarcan los magistrados, que añaden a esa argumentación que «no se sabe cuáles son las razones por las que son 81 (los puestos tipo) y no cualquier otro número».

La Sala da la razón al grupo de técnicos en higiene y salud laboral que recurrieron el catálogo. Se trataría de la segunda sentencia de este tenor, puesto que el fallo recuerda que hay otra similar en un proceso promovido por letrados. Fuentes sindicales apuntaron que hay más recursos contra el catálogo en trámite.

El fallo del TSJ defiende que una iniciativa de la repercusión jurídica del catálogo de puestos debe tramitarse con una disposición general (normativa, tipo decreto) y no como un simple acuerdo de gobierno. La primera opción conlleva informes jurídicos, económicos y posibilidad de alegar a los afectados.

La catalogación afecta a las retribuciones de los empleados que ocupan esas plazas, puesto que además de definir las funciones que deben desempeñar, atribuyen un determinado nivel y complementos salariales. Los jueces apuntan que se ha elaborado con «discrecionalidad».

¿Qué repercusión práctica tiene la sentencia? El fallo no es firme y la Junta puede recurrir al Tribunal Supremo. Dirigentes sindicales aseguraron ayer que habían abordado la cuestión con el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, de quien dependen las políticas de recursos humanos de la Administración autonómica, que les había avanzado que baraja la opción de no recurrir y tramitar de nuevo el catálogo mediante un decreto de la manera «más ágil» posible, para lo que convocará a los representantes de los trabajadores «rápidamente». Desde la Consejería de la Presidencia no confirmaron este extremo y remitieron a la valoración que tras el Consejo de Gobierno de hizo la consejera portavoz, Milagros Marcos, que aseguró que el fallo «no paraliza ninguno de los hitos posteriores», en referencia a la Relación de Puestos de Trabajo, el concurso de traslados o futuras oposiciones para cubrir vacantes.

No son de la misma opinión en el PSOE. El secretario general del grupo socialista en las Cortes, José Francisco Martín, afirmó que la anulación del catálogo pone en marcha un «efecto dominó con el que se cae todo lo demás», al servir de base al resto de las iniciativas. «Todo está basado en el catálogo y puede darse el caso de funcionarios que concurran en el concurso de traslados a plazas de puestos que estén anulados».

Representantes de CC OO, UGT y CSIF reconocieron este jueves que apoyaron el catálogo anulado por el TSJ y rebatieron el argumento de falta de negociación que recoge la sentencia. «Lo apoyamos, aunque presentamos alrededor de 500 alegaciones, porque iba vinculado a la puesta en marcha del concurso abierto y permanente (para funcionarios). Es verdad que pedimos informes jurídicos y económicos y no nos los dieron», explicó Mariano Prieto, presidente del sector autonómico de CSIF. También Tomás Pérez Urueña, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, recordó que era un paso básico para poner en marcha ese concurso. Unos 6.000 empleados públicos concurren actualmente a las plazas en liza.

Ernesto Angulo, coordinador del sector autonómico de CCOO, critica que la Consejería de la Presidencia no haya tramitado el catálogo de forma adecuada, tal y como indica la sentencia, pero insiste en que es un instrumento que «organizaba un campo bastante desorganizado, pasando en esencia de 17 puestos a 81 y con un 10% aproximadamente que quedaban fuera».