Tres de cada cuatro ayudas al alquiler de Castilla y León son para españoles

Tres de cada cuatro beneficiarios de las ayudas al alquiler de viviendas de Castilla y León son ciudadanos españoles y el resto extranjeros con permiso de residencia «legal», que aportan «población», «trabajo» y actividad a la Comunidad. En concreto, la resolución de la convocatoria correspondiente a 2023 atendió a 13.946 personas con nacionalidad española, el 75,56 por ciento, mientras 4.510 eran foráneos, el 24,44 por ciento, que tienen «los mismos derechos», según explicó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En la presentación este miércoles de los datos pormenorizados de las ayudas al alquiler, tras emitir este lunes y martes las órdenes de pago desde la Tesorería de la Junta, Suárez-Quiñones explicó que esta distribución entre ciudadanos españoles y extranjeros se ha mantenido estable en los últimos y avanzó que su departamento estudia mejoras técnicas en la gestión que se incorporarán en las nuevas bases que verán la luz después del verano, para la convocatoria que se publicará a finales de 2024 y que se resolverá en 2025.

En ese sentido, el titular de Vivienda aseguró que se revisará el procedimiento de renovación, aplicado este año y que ha agilizado el procedimiento de resolución, porque reconoció es «difícil» mantener este sistema en el futuro porque el beneficiario tiene que demostrar que cumple las condiciones exigidas en las ayudas en cada convocatoria, ya que señaló tienen que gestionar el dinero público con «exactitud» y «mucha pulcritud».

De esta forma, Suárez-Quiñones reconoció que están evaluando la «complejidad» de este modelo que en la convocatoria de 2023 generó 10.117 expedientes de renovación, frente a los 8.339 de nueva tramitación. Por ello, pretenden analizar si esta opción, introducida como novedad en la última convocatoria, ofrece la eficiencia suficiente para mantenerse en la siguiente, en la que además se pretende potenciar la solicitud telemática para simplificar la gestión administrativa, junto a otras mejoras, como la posibilidad de introducir criterios de progresividad, con el objetivo de que quien más lo necesite, reciba también más fondos.

Otra de las cuestiones que tendrá en cuenta Vivienda en la nueva convocatoria será el límite de la renta que abona el solicitante, fijada en 550 euros para los núcleos urbanos y 450 para los rurales -800 para familias numerosas y entre 150 y 200 para habitaciones-, dado que 1.041 peticiones se desestimaron por esta causa y la tendencia al alza de los precios. Suárez-Quiñones explicó que hacen un estudio de mercado sobre lo sucedido en 2024, pero indicó que las ayudas de la Comunidad no son generales para todos los arrendatarios, sino que tienen un objetivo social, para llegar a las personas con más necesidades, ya que señaló esta línea tiene un «techo» y no puede escalar en cuanto a su presupuesto de forma «infinita».

Respecto al presupuesto, el consejero explicó que cada año su departamento consigna en la convocatoria los fondos recogidos en el Plan Estatal de Vivienda, con aportación de las arcas del Estado y de la Comunidad, pero que en previsión de que no será suficiente, se contempla una ampliación para cumplir con el objetivo de atender todas las solicitudes. En la anterior, al final fueron 40,66 millones de euros, de los que 25,57 millones corresponde a la Junta y 15,08 millones al Gobierno.

Además, 260 peticiones fueron desestimadas por ser incompatibles con el Bono Alquiler Joven y 808 beneficiarios (el 4,38 por ciento) reciben hasta el 40 por ciento de la renta porque previamente se les ha reconocido esta otra prestación, lo que suma 693.925 euros. Suárez-Quiñones explicó que todavía algunos beneficiarios siguen cobrándolo con los fondos que habilitó el Gobierno de España, a quien censuró por haber diseñado esta política de «espaldas» a la comunidades y sin presupuesto «suficiente», porque recordó tres de cada cuatro peticiones se rechazaron por este motivo.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio hizo una explicación pormenorizada de estas ayudas, ya que precisó la resolución coincidió con la campaña electoral de las europeas del domingo 9 de junio que señaló impide difundir logros de la administración. Por ello, Juan Carlos Suárez-Quiñones explicó este miércoles que en la convocatoria de 2023 se presentaron 27.287 solicitudes, un 10,37 por ciento más que el año 2022, cuando se registraron 24.721 solicitudes.

De ellas, 18.456 cumplieron los requisitos, el 67,64 por ciento del total y un 29,27 por ciento más, y 7.057 fueron desestimadas por no ajustarse a las condiciones, la mayoría por tener ingresos inferiores a los exigidos (1.562), no aportar la documentación requerida (1.478), no estar empadronado en la vivienda (1.320) o superar la renta máxima (1.041).

Igualmente, un total de 10.999 beneficiarios son mujeres (59,6 por ciento) y 7.457, hombres (40,4 por ciento). Además, 5.594 son jóvenes menores de 36 años (30,31 por ciento) -3.550 mujeres y 2.044 varones-, con un importe de 13,9 millones (34,19 por ciento del total). Además, 1.740 beneficiarios son mayores de 65 años (9,43 por ciento), -1.092 son mujeres y 648 varones-, con un total de 3,51 millones, 8,64 por ciento del total.

Además, un 98,43 por ciento de los beneficiarios tienen ingresos inferiores a tres veces el IPREM (24.318,84 euros). Del total, 1.945 son familias numerosas: 1.336 de categoría general y 609 de categoría especial. Además, 3.281 son unidades de convivencia en las que hay alguna persona con discapacidad o el titular del expediente es discapacitado -1.929 con algún miembro y 1.352 el titular-; 177 son personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida y cuatro víctimas de terrorismo.

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