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La actividad del Consejo Consultivo este año se ha incrementado el 11,3% como consecuencia de la adhesión progresiva de municipios medianos de Castilla y León como Toro (Zamora) o Arévalo (Ávila) y capitales de provincia que, como Valladolid, han apostado por consultar ... con la institución sus dudas sobre la legislación autonómica, sus desencuentros con otras administraciones o los problemas con particulares descontentos con el funcionamiento de la Junta o de las corporaciones locales. De esos 571 dictámenes aprobados a día de hoy, más del 75% fueron en sentido favorable a la resolución que ya había tomado la administración impugnada.
Proporcionalmente a su composición (3 miembros), el Consultivo es el órgano de control externo de las administraciones con mayor actividad de los existentes en las comunidades autónomas junto con el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl), otra institución adscrita al Consultivo que ha resuelto en sus seis años de vida unos 520 recursos por un importe global de más de 3.800 millones de euros en contratos de las administraciones de Castilla y León.
El aumento en el trabajo del consutivo obedece al incremento del 22% con respecto a 2016 que han experimentado las consultas sobre responsabilidad patrimonial frente a supuestos daños y perjuicios ocasionados por las administraciones local y autonómica. De los 438 dictámenes sobre responsabilidad patrimonial, el 32% (140 informes) se iniciaron por consultas sobre posibles asistencias médicas deficientes, fundamentalmente por asuntos de mala praxis. Se han emitido hasta ahora 55 dictámenes de ámbito sanitario más que el año pasado, cuando sumaron 85 en total.
Hasta ahora, las indemnizaciones reclamadas en las consultas que ha estudiado el Consejo suman 12,8 millones de euros. De los 140 dictámenes aprobados, 108 han sido en sentido desestimatorio; 5 estimatorio y 27 estimatorio parcial.
Las provincias en las que se iniciaron más consultas por reclamaciones en el ámbito sanitario fueron las de Valladolid (39), Burgos (34) y León (29), seguidas de Ávila (12), Salamanca (9), Zamora (8), Palencia y Segovia (4, respectvamente) y Soria (1).
Además, el 24,2% (106 dictámenes) derivaron de consultas por daños ocasionados por el mobiliario urbano, caídas en las aceras especialmente, y 24,5% (101) tuvieron origen en consultas sobre daños de distinta índole generados en el ámbito de las administraciones (cancelación de subvenciones, accidentes en espectáculos taurinos, caídas en piscinas, daños producidos por las redes de abastecimiento y saneamiento de agua, daños causados por obras municipales…).
De la comparativa con 2016 también se desprende que se mantienen en cifras similares las consultas sobre reclamaciones de daños por accidentes a causa del mal estado de algunas calzadas (56 en 2016, 64 este ejercicio). Por el contrario, las consultas por daños de la fauna, ámbito escolar o daños durante la actividad profesional son mínimas este año.
De esos 571 dictámenes emitidos en 2017, el 55,3% (301) derivó de consultas formuladas por las administraciones locales, 600 expedientes; el 43,7% (250) de consultas de la administración autonómica y el 0,9% (5) de las universidades.
Por provincias, Valladolid y León son las primeras de la comunidad en la procedencia de consultas y la únicas en superar el centenar, con 109 y 103 respectivamente, seguidas de las de Burgos (82), Salamanca (60), Zamora (59), Palencia (39), Segovia (25), Ávila (25), Soria (10), mientras que 43 tenían como ámbito el conjunto de la Comunidad Autónoma.
No ha sido ajeno en el aumento en el número de dictámenes aprobados en el ejercicio el comportamiento de las entidades locales, especialmente las capitales de provincia, a la hora de recabar los dictámenes de carácter preceptivo. Ejemplo de esta tendencia son los ayuntamientos de Valladolid, que solicitó 39 dictámenes; León 33, Burgos 22 o los de Zamora (14) y Palencia, con 22 dictámenes preceptivos.
Respecto de las materias sobre las que versaron estos dictámenes, un año más las más numerosas fueron las solicitudes relativas a responsabilidad patrimonial, 438 (el 76,7%). Ya muy detrás, 37 derivaron de consultas sobre revisión de oficio, 33 de reglamentos ejecutivos, 22 de recursos administrativos, 19 de contratación administrativa, 7 de modificación de planes urbanísticos y 6 de anteproyectos de ley. El resto fueron solicitudes sobre concesiones administrativas, convenios y acuerdos, cuestiones sobre régimen local y consultas facultativas.
Las consultas sobre responsabilidad patrimonial totalizaron 30 millones de euros. De los 413 dictámenes emitidos sobre estas consultas, 275 fueron en sentido desestimatorio, 21 estimatorio y 43 estimatorio parcial (en todos los casos coincidiendo dictamen y propuesta de resolución administrativa). En otros 74 supuestos, el sentido del dictamen del Consejo varió sobre la resolución propuesta por las administraciones recurridas.
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