León, una de las jurisdicciones más afectadas por la huelga en Justicia que suspende 6.600 juicios en la comunidad

Además, precisó que sin contar otras diligencias de tramitación o ejecución suspendidas también a raíz de la huelga, las provincias de Valladolid, León y Segovia fueron las que registraron una «mayor incidencia». Así se lo comunicó a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien solicitó a los presidentes de los TSJ diseñar planes de contingencia a fin de paliar los efectos del paro.

Si bien se trata de una estimación dado que aún no se ha completado la recepción de todos los informes sobre juicios suspendidos, fechas de señalamientos y medidas de refuerzo necesarias para poder evaluar el estado actual de la situación de cada órgano judicial. Concepción se refirió a esta huelga durante su comparecencia para dar a conocer la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Alto Tribunal correspondiente al año 2022.

«Estas vistas orales se encuentran ya señaladas nuevamente, resultando que los órganos de este territorio han visto sus agendas prolongadas en todos los casos, si bien la fecha más tardía en dichas agendas está en el mes de noviembre de 2023, con la excepción de los Juzgados de lo Social, en particular del partido judicial de Valladolid, en cuyas agendas los juicios se sitúan ya en abril de 2024 en algunos casos», aseguró Concepción.

El presidente del alto tribunal autonómico destacó además que «a la fecha de los informes remitidos se desconocía en muchos casos el número de asuntos pendientes de entrada (es decir, asuntos no repartidos con motivo de la huelga) y en otros ese número (por ejemplo, demandas en lo Civil) es ciertamente elevado, lo que sugiere que esas fechas en las agendas se verán rápidamente superadas de modo que los señalamientos en breve se situarán en el año 2024 en todas las jurisdicciones».

«Es por lo anterior que los magistrados y jueces de este territorio, en su mayoría, no han solicitado medidas de refuerzo más allá de solicitar en algún caso prolongaciones de jornada de los funcionarios o reservar la posibilidad de solicitar medidas de refuerzo en el momento en que se conozca el número de asuntos de nueva entrada conforme se vaya retomando la actividad ordinaria», afirmó.

En relación con la huelga indefinida de funcionarios de la Administración de Justicia que ha comenzado esta semana y que conllevará nuevas suspensiones de vistas y de trámites en todos los órganos judiciales, Concepción señaló que «será necesario evaluar nuevamente el estado de situación por cuanto que el informe remitido al CGPJ es una fotografía fija correspondiente a un momento determinado, superada por otra huelga que puede provocar el colapso de la justicia». «Reclamamos por tanto al Gobierno la inmediata solución de este nuevo conflicto para que los ciudadanos y los profesionales del derecho no se vean afectados en sus legítimas expectativas», exclamó.

Asimismo, Concepción aseguró que «todas las protestas que se formulen en el ámbito de la justicia son pocas» porque «tanto los jueces como todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia están padeciendo unas condiciones de trabajo interiores al resto de la Administración». «No solamente hablamos de emolumentos retributivos sino de condiciones de trabajo», sostuvo, al tiempo que recordó que «pedimos desde hace muchos años unas condiciones de trabajo y unos instrumentos materiales y personales que sean suficientes, al menos, para desarrollar el trabajo que tenemos».

Por tanto, Concepción entendió que «todas las reivindicaciones llevadas a cabo por personal y servicio de Administración de justicia es justo» y consideró que «el Gobierno debiera de entenderlo así y pensar que desde un punto de vista, incluso, retributivo se ha perdido una capacidad no solamente adquisitiva importante sino que hay una pérdida efectiva de salario desde el año 2004 hasta nuestros días».

«Y, por tanto, yo creo que por lo menos se debería adecuar los ingresos a esa pérdidas de parecimos en los últimos 19 años», exclamó el presidente del TSJCyL. «Todas las reivindicaciones son justas y son pocas», insistió, al tiempo que reclamó al Ejecutivo central que «para evitar el perjuicio que esa legítima reivindicación conlleva» debe «solucionar el conflicto de forma inmediata».