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A las fiscalías de Castilla y León llegaron 3.940 delitos relacionados con la violencia de género durante 2017, se tramitaron 5.927 procedimientos, se dictaron 1.197 sentencias, los jueces ordenaron 1.200 medidas cautelares y 276 hombres fueron condenados a ... penas de prisión. Sin embargo, aunque se ha producido un ligero incremento en el número de denuncias, a las víctimas todavía les cuesta dar el paso de acercarse a comisarías, comandancias y juzgados. Muchas de las mujeres que murieron a manos de sus parejas o exparejas el pasado año no habían denunciado su situación, ni siquiera la habían puesto en conocimiento de familiares y amigos. Es verdad, como subrayó la Fiscal General del Estado, María José Segarra, durante su presentación de la memoria de su departamento, que el pasado año el número de denuncias en toda España creció el 16%. Esta tónica ascendente se percibe también en Castilla y León, con un 19,4% de incremento respecto de 2016. Pero todavía en la comunidad existe una gran bolsa de maltrato oculto en las zonas rurales y, si no se presenta una denuncia formal, la maquinaria de protección institucional hacia las víctimas de violencia de género no se pone en marcha, con lo que estas mujeres están completamente desasistidas, doblemente aisladas en sus pueblos y en riesgo de que su situación se agrave.
El miedo a denunciar y ser señalada por el entorno es el motivo por el que se creó a finales de junio pasado un protocolo de urgencias por el que una persona maltratada que vaya a poner una denuncia a un cuartel de la Guardia Civil, una comisaría de Policía o un juzgado pueda disponer de inmediato de la asistencia de un psicólogo colegiado que le acompañe en todo el procedimiento. Este protocolo, suscrito por Servicios Sociales de la Junta y el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, acaba de dar sus primeros pasos y son una docena de mujeres de cinco provincias quienes ya han tenido esa asistencia profesional en el momento de denunciar los malos tratos en comandancias de la Guardia Civil . Para ello, un centenar de psicólogos se han inscrito ya en un turno de oficio especial, listos para intervenir en situaciones de urgencia en cuanto reciban una llamada.
Señalan desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que se irán incorporando a este protocolo la Delegación del Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y los Ayuntamientos que dispongan de Policía Local, con el fin de que este año el nuevo servicio esté activado en toda la comunidad.
El vicedecano del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, Vicente Martín, es el coordinador y 'padre' de este programa, junto con Quinidio Martínez González, jefe de la Sección de Mujer de León, quienes explican que en situaciones muy graves, cuando una mujer o cualquier familiar de víctima acuda a una comisaría o puesto de la Guardia Civil, es importante que, en menos de una hora, puedan estar acompañados de un psicólogo «porque en esas situaciones estos especialistas pueden intervenir en la crisis y paliar daños».Las 12 mujeres que han estrenado este nuevo servicio residen, la mayoría, en pueblos de Valladolid, Burgos, Segovia, Ávila y León, algunos, muy remotos.
Algunos casos son «muy extremos», señalan, como una mujer que en el pasado fue víctima de violencia de género y había sido retenida en una comandancia porque estaba denunciada «por estafar a su marido». Las edades de estas mujeres oscilan entre los 35 y 40 años, y tienen, muchas de ellas, hijos a su cargo. Todas ellas son de nacionalidad española.
«En violencia de género nunca hay un perfil tipo», indica Martín, pero sí señala que muchos casos se dan en pueblos «muy pequeñitos, algunas veces los guardias son alertados por los vecinos y llevan a la señora al cuartel para protegerla». Pesa mucho en estos lugares el qué dirán. «Las mujeres no se abren porque muchas veces son censuradas por sus propias convecinas, que ejercen los controles sociales, por eso les cuesta también mucho dar el paso; por eso es bueno que se sientan arropadas», señala.
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