El Gobierno ya estudia cómo eliminar el peaje entre León y Madrid

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 895.097 euros, IVA incluido, la redacción del estudio informativo para definir las actuaciones que se deben llevar a cabo en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, a su paso por Madrid, Ávila y Segovia, para adecuar su funcionalidad a un escenario sin peajes. Es decir, adaptar las infraestructuras viarias al previsible aumento de la demanda en caso de su liberalización. El contrato de concesión finaliza el 19 de noviembre de 2029.

Todo ello mientras el contrato de la AP-66, entre León y Campomanes, se extendió hasta 2050 y el de la León-Astorga sigue estacando. Además, el contexto actual demuestra los problemas de conexión de la provincia con otras limítrofes.

El objeto de este estudio es recopilar y analizar los datos necesarios para definir, con el grado de detalle exigible a un estudio informativo, las actuaciones necesarias en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, y en el resto de la Red de Carreteras del Estado aledaña, para llevar a cabo dichas actuaciones, incluyendo la mejora de su funcionalidad y accesibilidad al territorio.

El ámbito de actuación del estudio se extenderá a lo largo de los 115 km de longitud del trazado de dichas autopistas de peaje en las provincias de Madrid, Ávila y Segovia.

El estudio deberá determinar tanto el tipo de actuaciones (remodelación de enlaces, implantación de nuevos enlaces, ampliación de áreas de servicio o instalación de nuevas, nuevos aparcamientos de vialidad invernal, pacificación de travesías, etc.) como sus características (tipología de enlaces, características geométricas, etc.), incluyendo la estimación de su presupuesto y una propuesta de programación en función de su prioridad.

El 19 de noviembre de 2029 finaliza el contrato de concesión de las autopistas de peaje AP-6, AP-51 y AP-61 que pasarán, previsiblemente, a ser gestionadas directamente por el Ministerio sin cobro de peaje al usuario. Estas tres autopistas se suman así a otras liberalizadas cuyos contratos de concesión han ido expirando desde 2018: AP-1 Burgos – Armiñón; AP-4 Sevilla – Cádiz; AP-7 Alicante – Valencia – Tarragona; AP-7 Tarragona – Barcelona y AP-2 Zaragoza – Mediterráneo.

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