El Gobierno considera una «rectificación oficial» la respuesta de la Junta sobre las 'políticas provida'

Así lo recoge un comunicado del Gobierno sobre el escrito de la Junta de Castilla y León en respuesta al requerimiento de incompetencia por actuaciones que pudieran vulnerar la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Además, se enviará una nueva carta al consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, para advertirle que es contario a la ley obligar u ofrecer cualquier prueba ecográfica no indicada en las guías clínicas.

En el citado comunicado se advierte que «tras recibir en la tarde de ayer un escrito de la Junta de Castilla y León en respuesta al requerimiento de incompetencia por actuaciones que pudieran vulnerar la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción» considera una rectificación de en su totalidad.

Todo ello «a la vista de que el gobierno de la Junta de Castilla y León declara en su escrito que 'no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno' y que 'tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la Comunidad de Castilla y León al respecto, ni por escrito ni verbalmente', el

Gobierno considera que el ejecutivo autonómico ha acatado formalmente el requerimiento realizado por haberse abstenido esa comunidad autónoma de adoptar y aplicar, o por haber dejado sin efecto, aquellas actuaciones materiales, protocolos, acuerdos, instrumentos o comunicaciones que, invadiendo las competencias estatales, incumplieran la normativa estatal y menoscabaran los derechos de las mujeres protegidos por nuestro ordenamiento jurídico«.

«Este escrito de acatamiento formal ante los requerimientos efectuados por el Gobierno de España supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por el gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores», remarca.

Sin embargo las apariciones públicas del portavoz del ejecutivo autonómico en las que expresó ante los medios que las nuevas medidas de atención a embarazadas anunciadas en la rueda de prensa de 12 de enero —ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal en las primeras semanas y hacerse una ecografía 4D— seguían adelante y el hecho de que el portavoz reconociera que se trata de una «mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario» el Gobierno entiende que existe en la Junta la intención « de ir más allá de lo que establece la ley orgánica de 2010, en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida».

De ahí que el Gobierno de España reitere su «preocupación por los anuncios y declaraciones de los máximos responsables de la Junta de Castilla y León, que, en la misma jornada de ayer, apuntaban nuevamente a una voluntad de vulnerar la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo, circunstancia que en modo alguno el Gobierno de España va a tolerar ni consentir».

Por ese motivo, el Gobierno, a través del Ministro de Presidencia, remitirá una carta al Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León en la que se le recordará nuevamente «que resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término, la utilización de cualquier tipo de prueba ecográfica (como la Eco Doppler) fuera de las indicaciones avaladas por la evidencia científica y recogidas en las guías de práctica clínica».

Asimismo, se trasladará al ejecutivo autonómico que, «si pese al acatamiento formal del requerimiento remitido, el gobierno de Castilla y León materializa, por cualquier vía, su intención de actuar al margen del actual marco normativo en materia de interrupción voluntaria del embarazo, el Gobierno de España actuará, como hasta la fecha, en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellano y leonesas».

A estos efectos, el Gobierno se reserva la posibilidad de emprender «cuantas acciones legales resulten oportunas».