Financiación autonómica y fiscalidad protagonizan de nuevo el debate político cuando todos los recursos son pocos frente a la pandemia

No obstante, Castilla y León no presupuesta los fondos de resiliencia de la UE, al desconocer os criterios de reparto y la posible cuantía que llegará, eso si trabaja ya para diseñar los proyectos, a presentar en cuanto se abran las ventanillas en abril de 2021. Así, el 10 de septiembre, el Consejo de Gobierno da luz verde a la la creación de una oficina de coordinación de fondos de la Unión Europea, con el objetivo de conseguir el «máximo aprovechamiento» de los fondos e instrumentos financieros europeos de los que se disponga para la recuperación económica y social de la Comunidad.

Castilla y León critica una merma de fondos del modelo de financiación respecto al año precedente e insiste una y otra vez en la necesidad de reformar el sistema caduco y pernicioso para la Comunidad, que data del año 2009. La Comunidad acude además a los tribunales para reclamar los 182 millones de la liquidación del IVA de 2017, que le debe el Gobierno.

En materia fiscal, la Junta introduce nuevas bonificaciones al mundo rural, y rechaza subir impuestos en un momento muy delicado para la economía, y carga contra el Gobierno por elevar la presión fiscal, en las matriculaciones y el azúcar, que perjudican directamente a los dos sectores industriales más importantes de Castilla y León, la automoción y la agroalimentación. La Junta tiene que aparcar la eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, primero por la pandemia y después para sumar al PSOE al pacto de reconstrucción.

Cabe destacar asimismo, que en el debate nacional sale a la palestra a finales de noviembre el debate por la armonización fiscal, y Castilla y León insiste en contra del globo sonda lanzado desde ERC y recogido por el Gobierno, que es precisa «pero a la baja», nunca elevando tributos.

Entre los hitos para la Comunidad en torno a estas materias, destaca la cumbre que se produce el 3 de julio en Soria, en la que los presidentes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page (PSOE) y del Gobierno de Aragón, Javier Lambán (PSOE), urgen al Gobierno a la revisión del sistema de financiación autonómica y el blindaje de la sanidad, educación y prestaciones sociales, que gestionan las comunidades, para que se garantice el principio constitucional de igualdad de los ciudadanos con independencia de donde se viva.

El encuentro sirve además para suscribir un documento-solicitud para que Soria, Cuenca y Teruel tengan un trato especial en las ayudas de la Unión Europea, defendieron que la igualdad entre los ciudadanos es «innegociable». Los tres gobiernos solicitan el 14 de julio al director general de la Competencia de la Comisión Europea la designación de las provincias de Soria, Teruel y Cuenca como «zonas más desfavorecidas», por su situación demográfica y el acceso a un régimen especial fiscal a las actividades económicas en el próximo mapa de ayudas regionales.

Castilla y León reclama una y otra vez más financiación así como la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017, que no llega por un cambio normativo del Estado. El 6 de octubre, acude con un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Supremo, que rechaza el Gobierno; y el 18 de noviembre, la Consejería de la Presidencia formaliza una demanda judicial contra el Estado.

La armonización fiscal sale a la palestra, cuando el portavoz de ERC Gabriel Rufián pide al Ejecutivo una subida fiscal para Madrid para igualar sus tributos a los catalanes, y el Gobierno de coalición PSOE-Podemos recoge el guante. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, consideró «indecente» el planteamiento durante la rueda de prensa de presentación de los presupuestos, del 26 de noviembre, y garantiza que utilizarán «todos los recursos» a su alcance, para frenar esta medida si se pone de forma efectiva encima de la mesa.

La eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones se paraliza con la declaración del Estado de alarma en marzo, cuando ya iba a votarse en el pleno de las Cortes. El Ejecutivo de Mañueco decide aparcar su promesa, tras la exigencia del PSOE, para que los socialistas suscriban el pacto para la reconstrucción. Con todo, Carriedo refirma su compromiso con su eliminación y señala que se hará a lo largo de la legislatura, «cuando sea posible».

En materia fiscal, cabe destacar asimismo, que el 30 de julio, el Constitucional anula el impuesto a la central nuclear de Santa María de Garoña y la Junta tiene que devolver 29 millones a Nuclenor. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, insiste en exigir al Gobierno un Plan de Transición Justa para reactivar la comarca burgalesa de Las Merindades e insiste en la total colaboración de la Junta para el desarrollo socioeconómico de la zona.