Nueva oferta con más empleo y reorganización de la Función Pública

En esta recta final del año, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, presentó la Oferta Pública de Empleo para 2020 -aprobada por el Consejo de Gobierno- y garantizó que se celebrarán todos los procesos selectivos, ya que el estado de alarma paralizó algunos de ellos. «Es fruto del diálogo y el consenso con las organizaciones sindicales», explicó.

Son 4.122 plazas las que ofrece la Junta para este año, un 12 por ciento más que el ejercicio anterior, de las que 3.159 corresponden a ingresos de acceso libre y 963 a promoción interna. En su mayoría dominan los puestos para docentes y sanitarios, pero también el consejero destacó la apuesta por la estabilización y por los jóvenes opositores, para que vean una oportunidad de vida en Castilla y León.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno, en reunión del pasado mes de septiembre, acordó aceptar la nulidad de dos fallos de la Sala de lo contencioso administrativo del TSJ y abrir el camino para «rehacer» los nuevos puestos de trabajo de funcionarios de la Administración de la Comunidad. Ibáñez anunció que su departamento inicia el camino para elaborar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), pero afirmó que será un proceso largo, que llevará al menos un año.

Además, el Portal del Gobierno Abierto ha abierto a consulta previa el procedimiento para la elaboración de los anteproyectos de ley de cuerpos y escalas de la administración general, de la ley de la función pública de Castilla y León, el convenio colectivo del personal laboral y el decreto de teletrabajo, junto al I Plan de Igualdad para personas que prestan sus servicios en la administración de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León cerrará este 2020 con la convocatoria de 36 procesos selectivos asociados a 1.250 plazas con el objetivos de que los exámenes empiecen a celebrarse en el primer trimestre de 2021, en los que se podrán descentralizar las pruebas en caso de concurrir 300 aspirante a ellas.

El estado de alarma mantuvo casi en hibernación la Administración autonómica, ya que se impulsó el teletrabajo y solo se tramitaron los asuntos básicos, como expedientes sanitarios, servicios sociales, renta garantizada de ciudadanía y pago de las nóminas de los empleados públicos. Todo lo no asociado al COVID-19 pasó a segundo plano. En la desescalada en la Función Pública, se contó con guías para proteger la salud de los trabajadores y garantizar los servicios básicos.

En este contexto, Ibáñez descartó en este momento la aplicación de las 35 horas en la Administración de Castilla y León, acuerdo pendiente de la anterior legislatura y reclamado por los grupos de la oposición en las Cortes y por los sindicatos de la Mesa Sectorial, si bien sí anunció el reconocimiento de los empleados públicos en esta pandemia.

La Junta de Castilla y León premiará a los pequeños municipios de la Comunidad en el reparto de 20 millones de euros destinado a inversiones y equipamientos de las entidades locales, en el que se introducirán factores correctivos de tasa de paro o despoblación para avanzar en la convergencia y la cohesión.

Así se recoge en las bases reguladoras de las subvenciones del segundo Fondo Extraordinario covid-19 destinado a inversiones a las entidades locales de la Comunidad para su ejecución en 2021 y con el que se estima la creación de cerca de 500 puestos de trabajo y prevén un retorno fiscal estimado de 19 millones de euros, lo cual supone un beneficio que revierte positivamente en la capacidad de económica y la generación de empleo.

En concreto, el reparto se realizará de un 75 por ciento de la dotación en función de lo previsto en la Ley que regula la financiación de las entidades locales en la Comunidad, pero en el 25 por ciento restante se introduce un factor de corrección para avanzar hacia la convergencia y la cohesión territorial, mediante la variable de tasa de paro (contará un 20 por ciento) y despoblación (cinco por ciento).

El pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión contempla un Fondo Extraordinario dotado con 80 millones de los cuales 40 corresponden a servicios sociales, 20 a empleo y 20 a las citadas inversiones, cuyas bases están publicadas.

A ello, Ibáñez añadió otros once millones para servicios sociales y dos para la limpieza de centros educativos, con lo que se llega a un montante de 93 millones por parte de la Junta a ayuntamientos y diputaciones, que puso en relación con la falta de ayudas a las entidades locales por parte del Gobierno. Concluyó el consejero que la Junta cumple con las entidades locales en servicios sociales, creación de puestos de trabajo para desempleados e impulso de inversiones en dotaciones y equipamientos.

En octubre, Castilla y León y Cantabria firmaron un protocolo general de colaboración con el que la comunidad cierra el círculo de los que tiene con las autonomías vecinas. Más de 12.000 castellanos y leoneses podrán ser atendidos en el Hospital Tres Mares de Reinosa (Cantabria) tras el acuerdo firmado en Arija (Burgos) por los presidentes de las comunidades autónomas de Castilla y León y Cantabria, Alfonso Fernández Mañueco y Miguel Ángel Revilla, respectivamente, cuyo objetivo es mejorar la prestación de los servicios públicos en común que se extenderá a cerca de una veintena de áreas de actuación.

La Conferencia que reúne al presidente de la Junta y los titulares de alcaldías y diputaciones también se convocó hasta en tres ocasiones para coordinar las actuaciones en la lucha contra la pandemia.