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Valladolid
Miércoles, 15 de diciembre 2021, 12:30
El directivo Javier Mozo Herrera, responsable de Ibervento, aseguró este miércoles que «no se puede utilizar la administración para beneficiar a unos pocos elegidos» y pidió a los políticos que busquen la mejor fórmula para hacer cumplir la ley, después de que denunciara un «agravio ... comparativo» entre sus parques eólicos y los de otros empresarios, puesto que recordó que tras vender sus proyectos, éstos recibieron la autorización administrativa que no habían logrado en seis años.
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En su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la tramitación de parques eólicos de las Cortes, insistió en que no entendían «por qué» los suyos se «quedaban atrás en favor de otros», lo que hizo que los socios alemanes decidieran que «Castilla y León no es una zona para invertir» y optaran por otros lugares, como Francia, «sin tanto riesgo», lo que les llevó a vender la empresa y recuperar el dinero.
Incidió en que ni se debe, ni se puede utilizar la administración pública en beneficio de algunos, tras recordar una situación «incómoda», sucedida hace 15 años, cuando tuvo que informar de forma pública de una situación «irregular» y de «agravio comparativo» por parte de la administración. A pesar de sus esfuerzos, lamentó que el resultado no fue el esperado.
Además de la carta enviada en marzo de 2006 al expresidente Juan Vicente Herrera, recordó que puso en conocimiento de lo que sucedía a los juzgados, el Procurador del Común, las Cortes, el Ministerio de Industria y Energía, la Comisión Europea y la Comisión Nacional de la Energía. «El resultado no fue el esperado», apostilló, y añadió que no pensó en las consecuencias políticas de los hechos que exponía.
En un primer momento, el empresario aseguró que atribuyó las demoras a la «carga de trabajo» de los organismos y de las administraciones y señaló que no tenían relación con los dueños de Collosa, a los que solicitaron presupuesto para las obras civiles. Además, indicó que lo único que quería conocer en sus requerimientos era saber por qué no llegaba la autorización administrativa, pese a que consideraban que habían cumplido todos los requisitos.
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Por ello, sostuvo que además de denunciar lo sucedido se reunió con el exviceconsejero Rafael Delgado durante más de una hora en la que le trasladó que la Junta apoyaba empresas locales. Tras no entender las razones que éste le trasladaba, terminó diciéndole que si les daban las autorizaciones a unos proyectos con socios alemanes le cortaban la cabeza, lo que atribuyó entonces y ahora a alguien que tuviera por encima, es decir, a su jefe o jefes.
Todo ello, hizo que los socios decidieran que estaban dedicando mucho dinero a unas inversiones sin tener la «certeza» de que los parques se iban a construir y explotar. «Seguir invirtiendo aquí dinero para no obtener los resultados esperados no tenía sentido», dijo porque la Comunidad dejó de ser «una zona favorita». Posteriormente, recibieron la llamada de Endesa a quienes le vendieron la sociedad en dos o tres meses. «No fue difícil», dijo.
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La portavoz socialista en la Comisión, Patricia Gómez, aclaró que la comisión no analiza la «incompetencia» de la Junta y añadió que hubo «mala fe» de acuerdo al escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, así como en el auto de apertura de juicio oral. «Entiendo que el papelón del portavoz del PP es muy difícil», dijo, pero le instó a revisar la documentación judicial que explica por qué no salió adelante los proyectos de Ibervento.
La socialista aludió a los empleos perdidos, algo que no pudo cuantificar el compareciente, por los requisitos no formales marcados por la Junta, que impedían en su opinión instalarse a empresarios «honrados».
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En nombre de Ciudadanos, el procurador Francisco Javier Panizo remarcó la «dilatada experiencia» del empresario del sector eólico y le preguntó por cómo había sido su relación con la administración. También, planteó si llegó a pensar en las consecuencias políticas de los hechos que denunciaba, si había tenido relación con otros empresarios de la trama. Además, se refirió al proceso de venta de los parques de la Comunidad a los propietarios que lograron los permisos.
Finalmente, la procuradora de Podemos Laura Domínguez se interesó por cómo detectó el empresario lo que sucedía y si había informado de lo sucedido al exconsejero Tomás Villanueva y al expresidente Juan Vicente Herrera. También destacó la frase que el compareciente atribuyó al exviceconsejero Rafael Delgado de que si le autorizaban los parques con socios alemanes le «cortaban la cabeza».
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El 'popular' Alberto Castro aseguró que el desarrollo de los parques eólicos no benefició «a unos pocos», porque recordó que los 238 existentes no están «en cuatro manos», ya que señaló es un sector «bastante atomizado». A su juicio hay «indicios» y «sospechas» en algunos procesos administrativos y negó la existencia de una trama, porque en su opinión existe una «individualizada».
Además, aseguró que le entristecía pensar que el empresario había sentido que se le había tratado mal y aseguró que entendía su «dolor» y «resentimiento». Sin embargo, le preguntó qué razones le daba la administración para negarle la autorización, más allá de la nacionalidad de sus socios. «Siga apostando por Castilla y León», le pidió, tras considerar que hubo una gestión «negligente», pero que no se hizo a su juicio para beneficiar a otro.
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