García Tejerina califica de «éxito» el desarrollo eólico y pide desligarlo de conductas presuntamente delictivas

En su comparecencia ante la Comisión de Investigación de la tramitación e instalación de parques eólicos en las Cortes, defendió la tramitación hecha en la Comunidad, porque destacó que Castilla y León es la que mejor ha hecho las cosas en el desarrollo eólico y valoró la labor «encomiable» del exresponsable de Energía y Minas Ricardo González Mantero. «Podemos sentirnos muy satisfechos del trabajo que se ha hecho», dijo, más allá de las conductas delictivas de algunas personas.

García Tejerina aseguró que conoció los hechos por una información publicada en el diario 'El País' y negó que a la Asociación en la que lleva décadas le constaran las prácticas que investiga la justicia, aunque algunas de las empresas implicadas sean socias. No obstante, admitió que recibieron quejas por los «retrasos» y la apuesta política de la Junta por la denominada «regionalización» del desarrollo eólico en la Comunidad, pero negó que ningún promotor les trasladara que se cometían irregularidades en la tramitación de las autorizaciones.

En ese sentido, el secretario general de Apecyl manifestó que la Junta tenía la intención entonces de «regionalizar» el sector eólico de Castilla y León, como la mayoría de las comunidades, para que hubiera una participación local. También destacó la «clara vocación» del Ejecutivo para que los componentes de los parques se produjeran en la Comunidad, lo que recordó llevó a la instalación de fábricas como la de LM en Ponferrada (León) o la de Vestas en Soria.

Esto, añadió, generó quejas de algunos promotores que querían instalar un parque con maquinaria procedente de otro territorio. También señaló que había críticas a los retrasos en la tramitación de proyectos, algo a su juicio «inherente» al sector, y que añadió se produce en la actualidad. Precisamente, recordó que la semana pasada remitió una carta a la vicepresidenta Teresa Ribera pidiendo una moratoria para evitar que haya parques que caduquen al no lograr cumplir las condiciones en plazo.

También, el compareciente sostuvo que la solución a presuntas prácticas corruptas no pasa por «complicar» la tramitación administrativo de un procedimiento que recalcó «ya es complejo». En su opinión, no hay un problema de regulación, sino de conducta de quienes se aprovecharon de su posición, ya que indicó que el régimen de autorizaciones es «inherente» al sector y figura en la Ley del Sector Eléctrico.

De hecho, aseguró que podría producirse una práctica similar si alguna persona «hace lo que no debe» en Ministerio de Transición Ecológica, donde se tramitan ahora proyectos. Por tanto, planteó con ironía «recuperar el temor de Dios» para que haya una percepción de que estos hechos tienen consecuencias y pidió desvincular la investigación judicial e incluso la comisión de investigación del sector eólico, puesto que manifestó que es algo «incómodo» y «muy doloroso» para su organización.

La portavoz socialista Patricia Gómez planteó si la presunta corrupción ha perjudicado a los promotores que se vieron perjudicados así como al sector, al que remarcó su grupo no quiere denostar, sino todo lo contrario. Además, negó que «las cosas se hayan hecho bien» en la Junta, cuando se piden penas de 138 años de cárcel y 848 millones en multas.

También, recordó que la comisión no se ha creado para investigar la regionalización, a no ser que el PP entienda por ello el blanqueo de capitales y otros delitos, sino por la existencia de una presunta trama, que añadió ha llevado a la justicia a encausar a toda la cúpula de la antigua Consejería de Economía.

El 'popular' Ricardo Gavilanes insistió en que no existe una trama, sino actuaciones individualizadas, en principio «sospechosas», y planteó si alguien le había manifestado que había irregularidades en la concesión de autorizaciones administrativas. Indicó que de los 238 parques, son solo unos pocos los investigados y añadió que «realmente es un sector muy importante y que no se podría generalizar a la totalidad esta supuesta trama de corrupción».

La procuradora de Podemos Laura Domínguez se pregunto si no había conocimiento de determinadas «irregularidades» que se pudieran estar cometiendo en Castilla y León en la Asociación, en la que recordó la larga trayectoria del compareciente. Además, aludió a la paralización de unos proyectos en beneficios de otros, como había expresado el anterior citado este miércoles, el responsable de Ibervento, Javier Mozo Herrera.

Finalmente, el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado se interesó si la Asociación actúa como interlocutor con la Junta y si intervenían ante los problemas de tramitación de algunos parques eólicas. Además, insistió si algún miembro de la organización le trasladó «anomalías» o «retrasos injustificados» e «impedimentos» entre 2003 y 2015, como los que sufrió Ibervento, y le pidió que planteara soluciones que a su juicio evitaran en el futuro que ocurrieran hechos similares.