Castilla y León y Galicia exigen al Gobierno información sobre el contrato fallido para la renovación de sus trenes de ancho métrico

Además de exigir que se asuman las responsabilidades políticas, sin perjuicio de que se depuren las responsabilidades legales que se deriven de esta insólita actuación, argumenta que este caso demuestra «una vez más la absoluta falta de rigor en la gestión de los servicios públicos esenciales, cuyos costes son sufragados por todos los ciudadanos».

Las representantes de los gobiernos autonómicos exigen, en sus respectivas cartas, que se les informe cumplidamente sobre el estado de ejecución de dicho contrato, especialmente en lo relativo a plazos de entrega de los trenes fallidos y pagos efectuados con cargo a fondos públicos, y que se haga público y sea accesible todo el expediente de contratación tramitado y adjudicado por el Consejo de Administración de Renfe.

Además, ante la falta de información y remitiéndose al anuncio del 29 de junio de 2020 en el que se comunicaba que «Renfe adjudicaba a CAF la compra de 31 trenes de ancho métrico y 6 alpinos por 258 millones de euros» –en cuyo texto se desgranaba que se adquirían 26 trenes eléctricos y 5 híbridos (que podrían utilizarse en Castilla y León y Galicia) y que, incluso, se podría llegar a adquirir otro más– reiteran que se les informe, a la mayor brevedad posible, sobre el destino previsto para los trenes objeto del contrato y en concreto, cuántas unidades iban a ser destinadas a Castilla y León y a Galicia.

En dicha la información, según se informa desde la Junta, se recogía expresamente que la flota de 'ancho métrico' daría servicio en Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia. Por ello, piden que se incluya expresamente la renovación de los trenes que circulan por sus respectivos territorios, para que todos los viajeros usuarios de estos servicios ferroviarios en el norte del país lo hagan en las mismas condiciones.

Del mismo modo, constatan su interés en participar y ser escuchados en todas aquellas reuniones que se convoquen desde el Ministerio para informar sobre este tema, junto con el resto de comunidades autónomas que cuentan con este servicio.

Por otro lado, tanto María González Corral como Ethel Vázquez exigen que el Ministerio aclare cuándo tuvo conocimiento de esta situación y qué medidas se han adoptado desde entonces, así como las que se van a tomar a partir de ahora.

Por último, exigen que «se asuman las responsabilidades políticas al más alto nivel, sin perjuicio de que se depuren las responsabilidades legales que se deriven de esta insólita actuación, que pone de manifiesto una vez más la absoluta falta de rigor en la gestión de los servicios públicos esenciales, cuyos costes son sufragados por todos los ciudadanos».