El Común exige que las obras de ampliación del colegio de Carbajal estén para el próximo curso

El Procurador del Común ha emitido una resolución sobre este centro, construido en 2009, que vivió una ampliación en 2017, y que espera desde 2021 dos nuevas aulas para garantizar la oferta a una localidad en auge de población joven.

El informe relata los hechos ocurridos desde octubre de 2021, cuando se encargó la ejecución de dos aulas, para Quinto y Sexto de Primaria, por 256.000 euros y que debían estar acabadas en febrero de 2022. La obra presentó «graves deficiencias» y fue obligado a demolirse. Además se produjeron varias incidencias y en junio se paralizó la obra, desapareciendo los operarios, desechando la opción de continuar las obras y quedando paralizada la ampliación.

El malestar de las familias ha ido en aumento hasta llegar a solicitar el amparo del Procurador del Común al entender que se está «discriminando a unos alumnos con respecto a otros». Y es que la falta de capacidad del centro les llevó a desplazar a dos grupos a las antiguas escuelas que «carecen de las más esenciales condiciones de seguridad, tienen acceso inadecuado y han sufrido actos vandálicos», entre otras situaciones.

Desde Educación se ha manifestado que en marzo de 2023 se hizo pública la resolución del contrato por incumplimiento, acto que quedó resuelto en mayo. Ahora se tramita un nuev expediente para terminar al obra y se estima que pueda estar ejecutada «a finales del año 2023». También aseguran que la zona de obras es «inaccesible» para los alumnos y está «adecuadamente» vallado.

Ante estos hechos, el Procurador del Común ha recordado a la Junta de Castilla y León que es competente en esta materia educativa y expone la «ejecución fallida» del proyecto que debía concluir hace un año y medio. «El principio de calidad debe regir en el servicio educativo, con unas infraestructuras adecuadas para un servicio eficiente», subraya.

Tanto la demora en la dotación de las aulas, como los desplazamientos provisionales del alumnado a aulas que no cuentan con servicios propios para este fin, además del perjuicio a las familias y el acceso de alumnos a la zona en obras son «muestra, en efecto, de un servicio educativo deficiente».

La defensoría insiste en que la administración debe actuar «con la mayor celeridad posible» y pide al Ayuntamiento de Sariegos que «colabore conforme a los principios de servicio efectivo a los ciudadanos». También reclama que las familias sean informadas «puntualmente» de las actuaciones.

Por todo ello, el procurador insiste en tramitar el expediente de contratación para que las obras estén concluidas el próximo curso escolar. Mientras tanto se requiere tomar las medidas que eviten cualquier riesgo para el alumnado.