El decreto sobre el Toro de la Vega respeta la autonomía municipal, según el Consultivo

El Consejo Consultivo de Castilla y León, el órgano de la comunidad autónoma encargado de revisar la normativa de carácter administrativo, tanto de la Junta como de otras instituciones locales, ha emitido un informe por el que rechaza la pretensión del Ayuntamiento de Tordesillas de paralizar el Decreto Ley del pasado 19 de mayo, en el que se prohíbe dar muerte a las reses de lidia en presencia de público durante la celebración de espectáculos taurinos populares.

Aunque el decreto no afecta solo al Toro de la Vega, la normativa supone una regulación que en la práctica veta el alanceamiento del animal en el campo, una circunstancia que durante los últimos años había sido cuestionada por las asociaciones animalistas y partidos políticos.

En su defensa del torneo tradicional, el Ayuntamiento de Tordesillas decidió recurrir la decisión de la Junta, entre otros ámbitos al Consejo Consultivo. Ahora, el órgano que preside Mario Amilivia, ha dictado una resolución en la que sostiene como principal conclusión que «el Ayuntamiento de Tordesillas carece de legitimación para el conflicto de defensa de la autonomía local, frente al Decreto Ley de 19 de mayo, por el que se prohíbe la muerte de las reses en los espectáculos populares».

El Consistorio, que preside el socialista José Antonio González Poncela, interpreta que la decisión de la Junta conlleva una vulneración de las competencias que la Constitución fija para las corporaciones locales. En este sentido, el Consultivo añade que «la norma autonómica no impide en absoluto al Ayuntamiento promotor del conflicto la realización de espectáculos populares, o el ejercicio de sus competencias».

El informe, del que han sido ponentes Francisco Ramos Antón y José Sobrini Lacruz, señala que la voluntad del Gobierno regional a la hora de aprobar este decreto era la de adaptarse «a la ética social del momento histórico».

El Consultivo le recuerda al Consistorio que las alegaciones sobre la posible invasión de competencias del Estado para regular esta materia, así como la urgencia que ha esgrimido la Junta para aprobar este Decreto Ley, «son extremos en los que no puede fundamentarse un conflicto en defensa de la autonomía local».

Todo ello lleva al órgano consultivo a concluir que «no existe vulneración de la autonomía local del Ayuntamiento de Tordesillas», por lo que el Consistorio carece de argumentos jurídicos para plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto en defensa de aquella frente al Decreto-Ley de la Junta.