La ULE aprueba la normativa para regular el teletrabajo

Esta última propuesta se enmarca en el proceso de transformación digital en el que se encuentran inmersas las Administraciones Públicas, adaptándose a los requisitos de la sociedad tecnológica. Esta transformación no solo ha supuesto cambios en los procedimientos de gestión y en la forma de relacionarse con los ciudadanos, sino que también ha tenido repercusiones significativas en el empleo público y en la organización del trabajo. Basándose en el reconocimiento expreso del derecho de los empleados públicos a medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en el Estatuto de los Trabajadores, la Universidad de León considera de vital importancia establecer medidas que promuevan esta conciliación en el ámbito administrativo.

La situación de alerta sanitaria generada por la COVID-19 llevó a la adopción generalizada del teletrabajo como modalidad habitual de prestación de servicios durante el período de estado de alarma, y en respuesta a aquella situación se promulgó el Real Decreto-Ley 29/2020, que introdujo un nuevo artículo en el Estatuto Básico del Empleado Público para regular el teletrabajo en las Administraciones Públicas. Este Real Decreto-Ley proporciona un marco básico que permite que todas las instituciones públicas desarrollen sus propias normativas específicas.

El Reglamento aprobado por la ULE establece los objetivos y condiciones de aplicación del teletrabajo, garantizando una combinación adecuada entre las necesidades de corresponsabilidad, las exigencias del servicio público y las oportunidades para implementar otras formas de organización laboral basadas en la gestión por objetivos y la evaluación de resultados.

Este reglamento también establece los procedimientos de autorización y finalización del teletrabajo, así como las condiciones de prestación de servicios en modalidad no presencial, teniendo en cuenta aspectos como la distribución de la jornada, los planes de teletrabajo, la prevención de riesgos y la protección de datos.

Además, se reconoce el derecho a la intimidad y a la desconexión digital, en concordancia con lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público. La Universidad de León, en ejercicio de su autonomía normativa, ha establecido este Reglamento con el objetivo de modernizar la institución mediante el uso de tecnologías de administración electrónica, promover prácticas laborales sostenibles, fomentar la conciliación laboral y personal, potenciar la autonomía y compromiso de los empleados, contribuir a la sostenibilidad ambiental, reducir el absentismo, aumentar la productividad y facilitar el trabajo a personas con movilidad reducida.

Con esta nueva normativa -que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOCYL- la ULE avanza hacia una mayor flexibilidad y adaptabilidad en la forma de trabajo, fomentando la conciliación de la vida personal y laboral de sus empleados y promoviendo una gestión eficiente y efectiva de los servicios en el contexto de la sociedad real digital.

La reunión del Consejo de Gobierno también ha servido para aceptar la propuesta de aprobación de una decena de cursos de extensión universitaria, convenios de colaboración de la institución académica con otras entidades y organismos como la Universidad de Sonora (México), con la Fundación Carolina para la concesión de becas para estudiantes internacionales para cursar tres másteres universitarios (Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital, Geoinformática para la Gestión de Recursos, y Psicología y Ciencias de la Educación), o con la Asociación Española contra el Cáncer para el desarrollo de la maratón online solidaria 'La Peque Stream' cuyo objetivo es recaudar fondos para prestar servicios de atención psicológica para menores con cáncer, además de poner de manifiesto el valor inclusivo del Campus de Ponferrada de la ULE.

Finalmente, el Consejo ha aceptado la propuesta de aprobación del Programa de Doctorado en Economía por las cuatro universidades públicas de la Comunidad y la renovación de una treintena de plazas de profesores ayudantes doctores y ayudantes en distintas áreas de conocimiento.