Las residencias universitarias, las dos caras de una lucha clave contra el virus

Lejos de las más de 100 expulsiones por incumplimiento de las medidas que está ejecutando la Universidad de Salamanca, la comunidad universitaria leonesa parece dirigirse a una situación similar a la que ha llevado a cerrar la Universidad de Granada durante al menos quince días. Con este colectivo bajo la lupa, las residencias de estudiantes pasan a jugar un papel fundamental en el control de la enfermedad entre sus cerca de mil usuarios.

Ya desde el inicio del curso, estos centros se han visto en la obligación de crear una serie de decisiones para reforzar la seguridad sanitaria a nivel general. En términos generales, todas se han visto obligadas a instalar dispensadores de gel hidroalcohólico en zonas comunes y accesos, la instalación de pantallas de protección en el comedor así como en otras zonas comunes, la limitación de aforos de las mismas, la toma de control de la temperatura de los residentes en dos momentos distintos del día e incluso algunas han añadido un sistema de registro con QR para saber quienes comparten mesa en las comidas para facilitar la labor de los rastreadores en caso de positivo que se complementa con las cámaras de seguridad.

Todo esto, además, de la mano de un reglamento que ha demostrado ser más o menos laxo según la dirección de cada centro. Por ejemplo, estos protocolos, tras los últimos acontecimientos y con la intención de limitar la vida social nocturna de sus residentes fuera de las mismas, los integrantes de la Asociación de Residencias de León, han acordado prohibir las entradas y salidas de las instalaciones entre las 23.30 horas y las 7.30. Tagaste, Asunción, Unamuno, Padre Isla, Leonés y Emilio Hurtado señalaban haber «detectado conductas de una minoría» en esos horarios que ponían en riesgo la salud y la integridad de los demás, por lo que además conllevan una serie de sanciones para aquellos que no las cumplan.

Unas medidas que parecen haber dado resultado, pues ninguna de ellas ha sumado positivos de forma alarmante, y aunque han tenido casos esporádicos, los sistemas de aislamiento han funcionado para evitar brotes. Sin embargo, los protocolos parecen no surtir efecto en los centros de titularidad pública, pues tanto en el Colegio Mayor San Isidoro, que lo dirige la propia universidad, como la Residencia Doña Sancha, gestionada por la Junta de Castilla y León, han acumulado brotes de hasta una treintena de casos, fruto de una aplicación menos exigente de las recomendaciones sanitarias.