La ULE presenta Facyl, una solución «rápida, económica y de calidad» a los conflictos del sector agrario

Esta Junta de la que participará la entidad leonesa tiene como objetivo dar resolución a los conflictos agrarios de forma «rápida, económica y de calidad», tal y como explica Pedro Álvarez Sánchez de Movellán, uno de los profesores de la facultad de Derecho de la ULE implicados en el proyecto.

«Hay que valorar la importancia que tiene la agricultura en Castilla y León. Es uno de los pilares y apuestas firmes con las que cuenta nuestra economía y de la que dependen una cifra cercana a los 2.500 millones de euros cada año» explica el profesor universitario, que resalta la importancia de dotar de servicios a estas empresas: «Entre estos servicios tiene que estar la asistencia jurídica con medios y cauces que se adapten al perfil y a las necesidades de los agricultores y de los ganaderos, ofrecer la máxima calidad y con el mayor ajuste de gastos posible».

En esa dirección, el área que dirige Jesús Julio Carnero ha puesto en marcha la Junta de Arbitraje y Mediación para este tipo de conflictos, «una apuesta interesante por parte de la Junta de Castilla y León», pues resolverá disputas como «compraventas de producción agrícola y ganadera en origen, contratos entre la industria agroalimentataria y la distribución o los contratos de arrendamientos rústico».

La parte que respecta al arbitraje estará delegada en las dos organizaciones elegidas para ello, como son Facyl, fundada en León por profesores de Derecho de la Universidad, así como abogados colegiados en la misma ciudad, y la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Vallaodlid. Entre ambas instituciones se encargan del fomento del arbitraje en la comunidad autónoma, así como de la formación de los profesionales que actuarán como árbitros. De hecho, Facyl ya ha puesto en marcha un curso de formación para arbitros durante el primer semestre del 2021.

Según señala el profesor universitario, el arbitraje en este tipo de conflictos ofrece cuatro grandes ventajas que cumplen con el perfil y las necesidades que requieren los profesionales del sector agrario. «Lo primero es la rapidez, pues la ley prevé un plazo máximo de seis meses para dictar el laudo, que tiene la misma eficacia que una sentencia de un juez. Es muy infrecuente tener una sentencia firme en el ámbito jurisdiccional en menos de un año, muchas veces va mucho más allá del año», compara. «También el coste es menor que en el proceso judicial. Cuanto más grandes las cuantías, más favorables son las cifras en favor del arbitraje. Al final, es menos tiempo, con menos dinero, pero mismo resultado que un juicio».

Otras dos de las ventajas que ofrece este tipo de resolución es su confidencialidad, «los terceros no pueden tener acceso a la información pues se reserva, mientras que un proceso judicial no es tan impermeable», y la especialización, «que supone la guinda del pastel» para Pedro Álvarez, que afirma que «la especialización va de la mano de la calidad a la hora de resolver conflictos, y el arbitraje ofrece juristas profesionales especializados en derecho agrario para resolverlo».