UGT denuncia que el rector «desvía la gestión y recursos de la ULE»

Desde UGT «entendemos que los objetivos y finalidades de la Universidad de León no son iguales que los de las empresas privadas, máxime en temas de contratación de obras, suministros y servicios».

Este proceso «de desvío de la gestión pública de la Universidad», que «se está haciendo de modo silencioso cuando debería ser lo más transparente posible, se ha realizado en temas como la encomienda de gestión de la Clínica Veterinaria». En este sentido, señalan que «la universidad paga a la Fundación para que ésta contrate en su nombre con recursos de la propia universidad, pero sin las garantías que la ley establece para las contrataciones públicas».

De la misma forma «también se encarga a la Fundación la contratación de personal, con el dinero de la Universidad, para trabajar en la Universidad, bajo la dirección de la Universidad, pero con las condiciones de la empresa privada, aplicándoles el Convenio Colectivo de la Sanidad Privada de la Provincia de León, lo que implica entre otras condiciones sueldos mucho peores. Además, el proceso de selección no se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, sino por las cartas de recomendación y entrevistas personales con el rector y sus cargos».

En el comunicado también denuncian que el centro de idiomas «está gestionado con criterios mercantiles», ya que «la oferta de cursos se realiza a unos precios que no son nada asequibles para los estudiantes de la Universidad, y eso a pesar de tener al profesorado contratado bajo condiciones mucho peores que las que correspondería conforme al convenio colectivo de la ULE».

Así, «la docencia de idiomas debería estar integrada en la propia Universidad, y ser gestionada y tratada en condiciones similares al resto de actividades que realiza la Universidad, máxime cuando uno de los objetivos principales de la misma es la docencia».

UGT también critica que «se traspasa el poder de contratación de la Universidad de León al patronato de la Fundación. Sera la Fundación la que gestionará la contratación de obras, suministros y servicios de la ULE, a cambio de una comisión, claro está. Pero no solo es relevante el sobrecoste que esta cesión supone, sino que es mucho más importante lo que significa en cuanto a opacidad y falta de criterios públicos en la contratación. Además de dejar en manos de un patronato del que 8 de 17 miembros son empresas privadas».

En resumen, «esta desviación de la gestión de la Universidad a la Fundación, según nuestro punto de vista, persigue saltarse las limitaciones normativas, poder contratar a personal no sujeto a los convenios colectivos de la ULE, y poder seleccionar dicho personal con procedimientos cuestionables basados en la entrevista personal y la carta de recomendación, como literalmente consta en los procesos selectivos aprobados por laFGULEM. Todo ello en una comisión nombrada íntegramente por el rector sin ningún control social. Lo mismo ocurre con la contratación de obras, suministros y servicios, no se entiende si no es porque se persiga saltarse la normativa pública y evitar la transparencia a la que la Universidad está obligada por Ley».

Desde UGT se preguntan «por qué en lugar de desviar la gestión de la ULE hacia la Fundación no se aprovecha la ocasión para devolver funciones y encomiendas desde la Fundación a la Universidad, de donde no deberían haber salido según nuestro criterio».

«¿Por qué no se ha aprovechado la oportunidad para adaptar la regulación y funcionamiento de la Fundación a la nueva normativa, para evitar que se convierta en un instrumento de precariedad laboral, y de contratación al margen de las normativas de contratación pública?».

«¿Por qué los cursos de idiomas se gestionan desde una Fundación cuando el objeto y misión de la Universidad es precisamente la formación?».

«¿Por qué el servicio de inspección de los trabajadores, laborales y funcionarios, de la universidad, así como la inspección de la docencia impartida se gestiona con medios y personal de la fundación que no son funcionarios?».

«¿Por qué se ceden trabajadores de la fundación a la Universidad en lugar de contratarlos directamente por la universidad? ¿Si la Fundación es un medio propio de la Universidad y una fundación pública, por qué no se ajustan a las normativas públicas y, por qué no se aplican los convenios colectivos de la propia Universidad? ¿Se está usando la Fundación como un medio de subcontratar en condiciones precarias a los trabajadores? ¿Se está usando la Fundación como un medio para saltarse la normativa de contratación pública y poder adjudicar digitalmente los contratos?»

Como conclusión, afirman que «si Marín puede dar respuesta a todas estas preguntas y, dado que la Universidad de León, es una universidad pública, que es lo que la diferencia de las otras privadas existentes en Castilla y León, así la sociedad leonesa tendría claras las motivaciones reales del Rector al utilizar FGULEM como una «sociedad pantalla» para contratar en precario, eludir responsabilidades fiscales y hacer caja a bajo coste. Usar la ULE como si fuera SU propiedad privada no es digno de un Rector, que debe cumplir con los reglamentos y normativas vigentes, dejando de desviar contrataciones y dinero a la Fundación de la Universidad para poder desde allí contratar a su antojo, saltándose los principios de transparencia, igualdad, capacidad y mérito».