El Consejo de Cuentas pide a la ULE mejorar la ejecución de las inversiones reales, el capítulo que más aumenta con modificaciones de crédito

El Consejo de Cuentas recomienda a la Universidad de León (ULE) aumentar el grado de ejecución de los distintos capítulos del presupuesto, sobre todo de las operaciones de capital, concretamente de las inversiones reales, que son las que más han aumentado su dotación de crédito a través de las modificaciones.

Así se desprende del informe 'Análisis de la situación económico-financiera de la Universidad de León y de sus entes dependientes', que entregó a las Cortes y que revisa determinados aspectos de la actividad y de la situación económico-financiera, sobre todo las cuentas rendidas en el ejercicio 2019 y en los tres anteriores.

También plantea que la ULE debe valorar la necesidad de dotar de un reglamento propio a la oficina técnica de control interno, así como la mejora de recursos materiales y personales y aprobar su Presupuesto antes de comenzar el ejercicio. En lo referente a la aprobación las cuentas anuales, también manifiesta que tendría que contener toda su actividad, incluyendo la consolidación de las cuentas de su ente dependiente.

Además, señala que la Universidad y su Fundación deben corregir su excesiva liquidez, así como establecer fórmulas para utilizar el importante excedente de tesorería a fin de mejorar la rentabilidad, entendida ésta no exclusivamente en términos financieros sino también en términos de potencial de servicio o beneficio de la colectividad.

La evolución de las magnitudes que componen el balance de situación pone de manifiesto que el total del activo y pasivo de la ULE entre 2016 y 2019 se ha incrementado un 4,5 por ciento, pasando de 189 millones de euros a 197 millones. La composición en términos relativos de las grandes masas patrimoniales es similar en todos los ejercicios. La situación de endeudamiento con las entidades de crédito, que venía siendo elevada, ha sido solventada en este periodo y en 2019 con una amortización anticipada la Universidad ha liquidado una deuda que venía consumiendo recursos que podrían haber sido utilizados para mejoras de otro tipo.

Los distintos índices de liquidez reflejan la capacidad de la entidad para mantener un equilibrio financiero. La solvencia de la Universidad está fuera de toda duda, si bien los valores de liquidez se sitúan por encima de lo aconsejable. La tendencia de los indicadores es creciente, lo que supone la existencia de un excedente de tesorería que no se rentabiliza.

En el periodo analizado, la ULE no contaba con una programación plurianual entendida como un plan integral y autónomo de actividades que ha de cumplirse durante un período con una evaluación económica, si bien a la vista del programa plurianual de inversiones de Castilla y León y las peticiones de la Consejería de Educación sobre las actuaciones a realizar en este sentido, la Universidad realiza estudios e inversiones en dicho marco.

El Consejo Social aprobó el presupuesto de la ULE para el ejercicio 2019 en junio del mismo año, prorrogándose hasta entonces el presupuesto del año anterior, siendo esta la tónica habitual. Estos retrasos en la aprobación de los presupuestos limitan fuertemente su carácter de instrumento de planificación y control. El presupuesto definitivo en los tres primeros ejercicios ha ido disminuyendo ligeramente respecto al ejercicio anterior con una reducción algo superior al uno por ciento de media. Sin embargo, en 2019 se produce un incremento interanual del 7,8 por ciento. Así, la variación del periodo 2016-2019 es del 6,5 por ciento.

La ejecución presupuestaria en el periodo presenta una media del 83 por ciento. La tendencia es creciente hasta 2018, que alcanzó el 85,1 por ciento, con una caída hasta el 82,2 por ciento en 2019. Las operaciones corrientes se sitúan por encima del 90 por ciento, a excepción del año 2016.

La ejecución de las operaciones de capital se sitúa del 49 por ciento, en 2016, al 60 por ciento. Respecto a las operaciones financieras, los índices alcanzan una media del 84%. La realización de pagos se sitúa con una media del 97 por ciento.