El Consejo de Cuentas inicia la fiscalización de la situación económica y financiera de la ULE y sus entes dependientes

Se trata de una de las fiscalizaciones de carácter especial que impulsa este órgano de control externo; una auditoría operativa cuyo objetivo general es la elaboración de un análisis, especialmente sobre las cuentas rendidas por la institución académica en el ejercicio 2019 y los tres anteriores, poniendo el foco en aspectos relacionados con la financiación de la universidad leonesa y con determinados tipos de gasto.

Así, se pretende identificar los indicadores más relevantes, observar su evolución y comportamiento y alertar a los entes fiscalizados de las desviaciones más significativas detectadas, si fuese el caso. En relación con los objetivos del trabajo, se centrarán en analizar la estructura y evolución de las magnitudes más relevantes del estado de liquidación del presupuesto rendido en 2019 y en los tres precedentes para obtener, entre otros apartados, una visión del grado de ejecución presupuestaria, indicadores presupuestarios sobre ingresos y gastos, nivel de prestación de servicios, carga financiera soportada en su caso y resultados, estructura y evolución de las masas patrimoniales y magnitudes de los balances sobre la situación y cuentas del resultado económico-patrimonial rendidas, así como sobre su liquidez, endeudamiento y solvencia.

El estudio de las cuentas desde el ejercicio 2016 permitirá obtener una evolución de las principales magnitudes y la tendencia experimentada por los diferentes indicadores con respecto a los años precedentes. Las fiscalizaciones de este tipo, señalan desde el Consejo de Cuentas en un comunicado, «contribuyen al impulso de los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, permitiendo, asimismo, la adopción racional de decisiones».

En ese contexto, el Consejo de Cuentas desarrolla desde el pasado mes de febrero, entre otras fiscalizaciones, la relativa a la situación de la implantación de la contabilidad analítica en las universidades públicas de Castilla y León en colaboración con el Tribunal de Cuentas, lo que posibilitará el cálculo de los costes reales de docencia de cada una de las titulaciones impartidas en estos centros, así como utilizar los costes de docencia e investigación como instrumento básico en el que fundamentar, en su caso, el nuevo modelo de financiación ordinaria de las universidades públicas de la Comunidad.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León, que acomete la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad y demás entes públicos de Castilla y León, ha aprobado hasta la fecha 198 informes. El presidente del órgano, Mario Amilivia, volverá a comparecer en próximos días ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico para presentar informes aprobados y aún pendientes de exposición y de su posterior debate por parte de los grupos políticos.