El Consejo de Cuentas destaca que el criterio único del alumnado obliga a eliminar 20 grados universitarios

Encabo, que compareció hoy ante las Cortes regionales para presentar un informe comparativo sobre las universidades públicas de la Comunidad, explicó que con la regulación actual, el Ejecutivo autonómico, según refleja el documento elaborado, debería eliminar 20 grados de los 198 totales actuales; así como 79 máster (con menos de 15 alumnos en los tres últimos cursos) de la oferta sobredimensionada de la Comunidad de 190, que deberían adaptarse, dijo, al mercado laboral. Aseveró que las dobles titulaciones por las que apuestan las universidades para elevar la demanda de sus grados deficitarios se debería replantear, y someterse a los mismos controles de calidad que el resto de estudios.

Y es que los grupos parlamentarios de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos rechazaron de forma unánime la recomendación el Consejo de Cuentas conforme a la regulación normativa actual para eliminar grados y exigieron que el Mapa de Titulaciones se mantenga conforme a criterios sociales y territoriales, como se pactó este verano entre la Junta y las universidades.

Encabo se identificó con esta postura y sentenció que la enseñanza universitaria tiene una importancia capital para Castilla y León. Además, puso de manifiesto el problema al que se enfrentan las instituciones universitarias públicas de la Comunidad, ante el reto demográfico y una previsión de merma poblacional del tres por ciento hasta 2020 y precisó que el número de matriculas descendió un 16 por ciento desde 2011. En este sentido, abogó por las especialización y la calidad y advirtió de que deben ser capaces de atraer a estudiantes de procedencia distinta de la propia Comunidad.

Criterio unánime

La procuradora del PP Isabel Blanco defendió que la supresión de grados no puede regirse sólo por criterios económicos sino que debe tener en cuenta también variables sociales y de empleo. Asimismo, recalcó que hay que tener en cuenta el territorio porque no es asumible eliminar enseñanzas en Béjar o en Zamora, sin estudiar lo que cada una aporta.

Blanco destacó el acuerdo unánime de los grupos en no aceptar la supresión de titulaciones del Consejo de Cuentas y recordó el pacto alcanzado sobre el Mapa entre el Gobierno regional y las universidades, que supondrá un estudio en profundidad para ver si son necesarios los grados actuales desde el punto de vista social y territorial y desde el principio de no agrandar la burbuja.

El procurador del PSOE Fernando Pablos rechazó que se definan los grados conforme a criterios exclusivamente numéricos y destacó que es preciso pensar en la rentabilidad social de las universidades a la hora de definir el Mapa de Titulaciones. En este sentido, defendió su valor incalculable en localidades como Béjar y Ponferrada. Asimismo, arremetió contra el establecimiento de esta regulación, cuando se estaba dando barra libre a los mismos grados deficitarios para las universidades privadas.

El procurador del Ciudadanos Manuel Mitadiel defendió el impacto social frente a la racionalidad meramente económica y recordó que en Castilla y León existe un problema de dispersión y la eliminación de esas titulaciones pondría en peligro la accesibilidad para muchos alumnos a la universidad, porque además el sistema de becas es francamente mejorable, dijo.

Mitadiel incidió en que la educación es fundamental `porque constituye una inversión de futuro, que permite igual las diferencias sociales. Es el gasto mejor efectuado en Castilla y León, dijo, para agregar que también fija población, porque el estudiante que sale fuera raramente vuelve.

En su caso, el procurador de Podemos Félix Romero afirmó que cuando se habla de universidades los criterios económicos deben estar subordinados a los sociales. Así, repitió que no se debe reducir el Mapa de Titulaciones en una autonomía marcada por la dispersión poblacional y la ausencia de una sistema de becas junto a la merma de la capacidad económica de las familias.

Tasas

En materia económica, Jesús Encabo recordó la subida de tasas aprobada en 2012 y concretó que hoy el precio medio del crédito matriculado por primera vez en grados es un 27 por ciento superior al de la media nacional.

Al respecto, los procuradores de PSOE, Ciudadanos y Podemos destacaron que esta subida se produjo junto a una falta de becas y una complicada situación económica, lo que se reflejó en las matriculaciones y abogaron por una reducción de las mismas y un impulso a los apoyos académicos.

Mitadiel se preguntó, al respecto, sobre el impacto que tuvo la subida de tasas en la caída importante en el número de matriculaciones durante el periodo. Romero aseveró que Castilla y León es la tercera autonomía con las tasas más caras de toda España y reclamó que se garantice el carácter social de la universidad y se apoye el acceso en igualdad para todos.

La procuradora del PP Isabel Blanco expuso que se tuvieron que subir las tasa ante la crisis, pero en menor medida que en otros territorios; y asumió que la Junta tiene previsto bajarlas en cuanto sea posible. Asimismo, recalcó que la Junta tiene un sistema de becas complementario al estatal, que sólo reclama un 5 para su acceso, no como en otras autonomías.

Financiación

En cuanto a la financiación global de las centros, el presidente del Consejo de Cuentas aseguró que las universidades públicas de la Comunidad, hicieron una muy buena gestión económica, durante los años de la crisis; con una enorme contención del gasto ordinario, por encima de los ingresos.

Sin embargo, Encabo destacó que con la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación de las universidades en 2012, entre 2011 y 2015 las transferencias se elevaron un 2,3 por ciento, frente al cinco por ciento de la programación anterior (2007-2010) con los contratos programa. En este sentido, Jesús Encabo exigió a la Junta que apruebe un nuevo contrato programa plurianual que garantice unos recursos mínimos y permita mejorar así la planificación de los centros. Lo que si reclamó Encabo fue que se ponga en macha cuanto antes una contabilidad analítica que permita conocer con exactitud cuánto cuesta cada titulación en esta Comunidad.

La procuradora del PP reconoció en este sentido, que el Gobierno regional apuesta por un cambio sustancial en el modelo actual de la financiación y buscará una fórmula siempre vinculada a los resultados.