Tecnología y Covid-19: salud frente a libertades civiles

Como la peste negra o la gripe española, la COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad humana en un mundo interconectado. Nuestro único respiro es que estamos mejor equipados para responder ante una pandemia.

China fue el primer banco de pruebas del uso intensivo de tecnología para salvar vidas, y muchos países afectados la han seguido.

Internet de las cosas (IoT) se ha convertido en una tecnología clave en la lucha contra la pandemia. El despliegue de un ingente número de dispositivos conectados (más de 14 000 millones según Gartner) ha creado un fantástico ejército para identificar precozmente infecciones y trazar la cadena de contagio. Los ejemplos son innumerables.

Existe un parche del tamaño de un sello que, pegado en la garganta, registra la frecuencia y el sonido de la respiración. Con esa información detecta la infección antes de que aparezcan síntomas gracia a la inteligencia artificial.

El Instituto Robert Koch ha desarrollado una app que conecta con pulseras fitness y recaba datos como el pulso, el sueño o los niveles de actividad. A partir de estos datos, que se alteran en caso de problemas respiratorios, detecta signos de infección y traza mapas de propagación.

Vodafone ha desplegado en el Reino Unido cámaras térmicas para medir la temperatura de los empleados. Con ellas espera ayudar a las empresas a reabrir y preservar la seguridad de sus empleados.

Apple y Google han comenzado a distribuir a más de 22 países el acceso a su aplicación, denominada «notificación de exposición». Se trata de una app que permite rastrear las personas que han estado en contacto con un contagiado por COVID-19 en las últimas dos semanas.

En todo caso, conviene limitar las expectativas puestas en estas aplicaciones. La eficacia de estas tecnologías está en entredicho, como se desprende del reciente repunte de contagios en Singapur, que era uno de los modelos a seguir.

El uso de los datos para rastrear el virus ha disparado los temores ante una vigilancia creciente e interrogantes sobre cómo podrían utilizarse los datos una vez terminada la crisis y si esos conjuntos de datos son verdaderamente anónimos, o al menos, se anonimizan en su explotación.

En China, Corea del Sur y Singapur las aplicaciones usan datos sensibles, por muy controvertido que sea. En estos países, las empresas de telecomunicaciones han proporcionado datos sobre personas infectadas. Con ellos se ha alertado de los movimientos de personas potencialmente contagiosas y se ha aislado a quienes han estado en contacto con ellas.

En comparación, las soluciones que utilizan datos anonimizados y agregados, como las que se están desplegando en Europa, son menos poderosas desde el punto de vista epidemiológico.

A medida que los gobiernos europeos establezcan planes para levantar el confinamiento, el debate sobre el uso de estos datos podría ser precursor de un debate más amplio sobre libertades civiles y vigilancia. La estrategia para reabrir la economía antes de que se desarrolle una vacuna podría incluir la vigilancia de los contactos de las personas infectadas. Y ello llevará a que nos planteemos cuestiones sobre el grado de restricción de la privacidad que cada sociedad está dispuesta a aceptar.

Más que nunca, se abre el debate de encontrar formas de compartir de forma segura los datos de salud. También de encontrar un difícil equilibrio entre el uso de tecnología para abordar crisis sanitarias, la protección de la privacidad, y el uso de esos datos con fines discriminatorios o comerciales. Y, todo ello, sin olvidar los riesgos de ciberseguridad.

En Europa, empresas y gobiernos insisten que la información utilizada es anónima y agregada. Sin embargo, estas afirmaciones no han calmado la preocupación de que los derechos de privacidad puedan ser dejados de lado mientras los gobiernos tratan de utilizar herramientas de vigilancia masiva para combatir el virus.

Los grupos activistas de privacidad de datos advierten del riesgo de cesión de derechos en un momento de pánico mundial y la necesidad de garantías de los gobiernos de que los datos no serán reutilizados tan pronto como la salud de las personas esté garantizada.

Por otro lado, algunos investigadores no están convencidos de que esos conjuntos de datos sean completamente anónimos. Un estudio del Imperial College reveló que es posible volver a identificar al 99,98 % de las personas con sólo 15 características demográficas.

Los gobiernos y los reguladores deben encontrar un equilibrio entre la privacidad y el interés público. La AEPD ha publicado un análisis sobre estos usos de tecnología. La Comisión Europea está trabajando en las directrices sobre el uso de aplicaciones de rastreo. Vera Jourova, vicepresidenta de valores y transparencia, dice que los ciudadanos deben poder dar un consentimiento informado.

Todo este debate puede encenderse aún más si se tiene en cuenta la posibilidad de que estos datos caigan en manos de cibercriminales por defectos o limitaciones en las medidas de seguridad de estos dispositivos.

Muchas iniciativas promovidas en Europa, como el proyecto Erasmus+ IoT Nuggets, abordan la seguridad y privacidad en el desarrollo de dispositivos IoT y apps relacionadas. Independientemente del acuerdo social del que Europa decida dotarse, la tecnología deberá estar concebida para ser segura.

La pandemia no ha hecho sino exacerbar un fenómeno, la perdida de intimidad y privacidad, que un mundo lleno de objetos conectados lleva aparejado. Veremos en los próximos años cómo se consigue este delicado equilibrio

Este artículo ha sido publicado en The Conversation