Freno a la plaga del acoso digital

"Nos piden borrar noticias de la web, desde parricidas y atracadores de bancos hasta fotos comprometidas que alguien ha publicado para chantajear a otra persona". Miriam García, abogada experta en ciberderecho, avisa de que la diferencia entre internet y la sociedad física es que la Red "siempre está" y a diferencia de la gente, que va olvidando los sucesos, internet no lo hace. Pero esto no significa que no se pueda actuar y defender los derechos de personas a las que les sucede un problema en internet al igual que se actuaría en el mundo físico.

Trabaja en Ecix, un despacho de 'ciberabogados' dedicados a defender tanto a empresas grandes como a particulares. Fueron los creadores en 2014 del término 'ciberderecho', que Álvaro Écija, socio y director de la compañía, define como "una disciplina que estudia los problemas que se presentan ante los internautas que navegan por la Red y aporta las soluciones necesarias para conseguir la mejor protección posible".

García habla de "islas normativas" –un término también acuñado por Écija– en las que se dividen las plataformas, que cuentan con canales de denuncia donde reportar lo no permitido para que los responsables investiguen. Explica que "hay una gran laguna legal" porque las leyes actualmente son territoriales, las dan los Estados, pero en internet no hay fronteras. "A veces se consigue llegar hasta la persona que ha cometido el 'ciberdelito', pero no se puede seguir porque los jueces no tienen competencias". Para conseguir defender los derechos de sus clientes, han decidido que, si el problema ha ocurrido en internet, hay que tratarlo como una materia extrajudicial basándose en los términos y condiciones de cada plataforma.

"Los despachos de abogados tradicionales dicen a las víctimas de ciberataques que no se puede solucionar su problema, que si te han 'hackeado' la cuenta de Twitter hables con un amigo informático, pero están muy equivocados –asegura la experta–. Hemos tenido casos de cuentas de redes sociales de empresas atacadas que hemos recuperado en cuestión de horas. Hablamos con la plataforma y aplicamos su normativa".

Se dedican a estudiar los términos y condiciones de cada web o red social, y suelen tener éxito: "Ninguna plataforma quiere que haya problemas ni conflicto en ella, ni YouTube, ni Google, ni Facebook". Álvaro Écija asegura que su objetivo fue pillar la 'ciberimpunidad'. "Esta es la única industria que duplica el número de incidentes y no pasa nada, porque internet es un mundo privado con intereses privados. Cuanto más miedo vendes, más defensa necesitas". En su libro 'El ciberespacio, un mundo sin ley' (Círculo Rojo, 2016) –que se distribuye gratuitamente por internet y en papel-, afirma que este universo establece una nueva pauta: "El derecho del revés. No es la Ley la que rige en internet, sino internet el que rige el derecho".

Como internet es un mundo nuevo basado en la comunicación de uno a uno y la democracia participativa, la fuente del derecho "van a ser las costumbres". Por ello, hay que tener cuidado de que las multinacionales de internet "se extralimiten en sus normas". En su opinión, habría que crear un código de confianza entre la comunidad para que los usuarios lo fueran aceptando y puntuando. "Seguro que Facebook lo aprobaría porque no quiere quedarse sin ellos".

"Nadie nos ha formado para esto. Yo tengo 29 años y nunca se me hubiera ocurrido tirar de los términos y condiciones de una plataforma. Hubiera ido a la Ley de Protección de Datos. Nos estamos equivocando", comenta García. Sin embargo, desde el despacho tienen muy claro que los 'ciberabogados' son una profesión del futuro "que debería estar tanto en los organismos públicos como privados". Écija asegura que ahora mismo hay "dos velocidades", los profesionales que están en la era de la información y "los que se están quedando atrás". Por ello, la educación en internet es "básica".

En este despacho con sede en el Paseo de la Castellana de Madrid son casi cien empleados entre abogados, matemáticos e informáticos. Cerraron 2016 con una facturación de 12,5 millones de euros gracias a sus trabajos de 'ciberdefensa' y 'compliance' (cumplimiento normativo).