Luz verde en el Parlamento a que los partidos machaquen con 'spam' electoral a los ciudadanos

El Senado, con 220 votos a favor y 21 en contra, (solo podemos mostró sus reticencias) ha dado este miércoles luz verde a la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que, en teoría, debía blindar del acoso publicitario comercial a los ciudadanos, pero que, a su vez, da una manga ancha sin paragón a los partidos políticos. La argucia legal que, en la práctica excluye a las formaciones políticas de casi ningún control, viene en una «disposición final tercera», que modifica a su vez la Ley de Régimen Electoral General de 1985.

Incluido a raíz de una enmienda presentada por el PSOE y respaldada mayoritariamente por los grupos,, esa reforma presenta un nuevo artículo en la ley electoral (el 58 bis) que zanja que «el envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial». O lo que es lo mismo, los partidos se quedan «prácticamente fuera» de las nuevas restricciones de la Ley de Protección de Datos, según todos los expertos en la materia.

La nueva normativa- que tras este último trámite parlamentario entrará en vigor en breve- permite expresamente que «los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales utilicen datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas», aunque solo «durante el periodo electoral», un término que los expertos consideran «deliberadamente vago», porque no se habla de «campaña electoral» y podría abrir la puerta al envío masivo de propaganda en períodos muy amplios.

El texto autoriza por «interés público» a las formaciones a «la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas (…) en el marco de sus actividades electorales» con la única restricción de que los partidos «ofrezcan garantías adecuadas», sin especificar en ningún momento cuáles deben ser esas «garantías».

La nueva legislación solo obliga a los partidos a «identificar de modo destacado» la «naturaleza electoral» de sus mensajes a los ciudadanos y ha «facilitar» a los destinatarios del spam «un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición». O sea, darse de baja de esos envíos masivos, que la ley denomina con el eufemismo de «actividades divulgativas».

El texto aprobado este miércoles por el Senado, según ya han avisado los expertos, podría dar pie a un nuevo escándalo como el que tuvo lugar en Estados Unidos con la consultora «Cambridge Analytica» , que trabajo en la campaña que dio la victoria a Donald Trump, y que tuvo acceso acceso para analizar y diseñar algoritmos basados en datos personales de usuarios de Facebook sin su consentimiento.

El delegado de Protección de Datos y abogado Jorge Garcia Herrero, uno de los mayores especialistas del país en la materia, ya viene advirtiendo desde hace tiempo del peligro de la legislación aprobada hoy. «De lo que estamos hablando es de dejar las manos libres para unas organizaciones con los máximos incentivos para utilizar cuantos medios tengan a su alcance para conseguir su objetivo: ganar elecciones y conseguir el poder», explica en su blog, que se ha convertido en el principal altavoz contra la reforma.

«Los partidos cuentan con miles de voluntarios, que se distinguen más por estar orientados al mismo objetivo de que su equipo gane el clásico, que por estar preparados y concienciados para cumplir con las garantías cualificadas que exige el tratamiento de datos de categoría especial», abunda.