España es uno de los países con más basura electrónica sin control

Unas cifras que sitúan a España entre los países europeos con más chatarra electrónica fuera de control, sólo superado por Chipre y Rumanía, que encabezan este ranking. De acuerdo con los resultados del citado proyecto financiado por la Unión Europea para controlar y medir el volumen e impacto de estos residuos, cada año se producen en toda Europa más de 10 millones de toneladas de RAEE, de las que más de un millón se exportan ilegalmente y quedan fuera de la vigilancia de las autoridades.

“La vulnerabilidad de los controles en la cadena de suministro permite el tratamiento inadecuado de los residuos, el incumplimiento de reglamentos sobre el comercio de RAEE, declaraciones falsas sobre el volumen de la carga que se transporta y el robo y contrabando de componentes electrónicos” señala Thibaud de Larauze, CEO de Back Market.

Según informan desde Back Market, a partir de las cifras de la Unión Europea, de la cantidad registrada de desechos electrónicos en nuestro país, más de la mitad no se gestiona de forma adecuada y acaba en la basura mezclada con otros residuos. Sólo el 20% de esta chatarra se procesa para su tratamiento, mientras que entre el 5% y el 10% se tira al cubo de la basura y en torno al 15% no sigue la cadena de suministro sobre la recogida, transporte, intermediación y tratamiento de los RAEE.

La basura electrónica ya es el residuo que crece más rápido y el más descontrolado en España. La ley sobre el tratamiento de los RAEE destaca que los materiales de los que están fabricados los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) son un recurso que no debe ni puede perderse y, prioriza la recuperación y reutilización de estos dispositivos de manera que puedan seguir utilizándose hasta el final de su vida útil.

“La responsabilidad en el control de la gestión de este tipo de residuos es compartida y es necesaria la cooperación de todos los estamentos para poder controlar su producción”, apunta de Larauze, quién recuerda, además, la importancia de concienciar a los consumidores sobre este problema y que haya una coordinación entre las administraciones de los diferentes países, también a nivel regional y local.