UPA-COAG exige vigilancia a operadores cerealistas y lonjas

«La situación insostenible que sufren los agricultores de cereal de Castilla y León con precios muy por debajo del coste de producirlos requiere de actuaciones urgentes y valientes por parte de la AICA y de los organismos competentes en esta materia», reclamaron desde la Alianza UPA-COAG en un comunicado recogido por Ical.

A modo orientativo, desde la Alianza afirman que el coste de producción de una hectárea de cebada de secano en Castilla y León, con rendimientos de 3.000 kilos por hectárea, es de 810 euros, y por lo tanto el coste se sitúa en torno a 270 euros por tonelada, «muy por encima del precio que está percibiendo el agricultor hoy mismo por la cebada», que está en torno a 195 euros por tonelada, por lo que el cerealista «está vendiendo a pérdidas».

Se trata así, según UPA-COAG, de «un incumplimiento flagrante de la Ley de Cadena Alimentaria, que debe actuar de inmediato ante todos estos agentes que distorsionan de manera directa o indirecta estas cotizaciones hasta llevarlas a la ruina del primer eslabón de esa cadena, que son los productores».

Responsables directos

En ese sentido, la Alianza apuntó a los operadores de cereales como responsables directos de la situación actual, marcando precios muy por debajo del coste de producción, y con operaciones en el mercado que dejan en la ruina a los cerealistas, que se ven indefensos a pesar de que la Ley dice muy claramente que el precio se forme «de abajo hacia arriba».

De igual modo, la Alianza UPA-COAG acusó a las lonjas provinciales como responsables de marcar unos precios que son la base utilizada por operadores. Por eso, les reclaman que marquen precios «que cumplan la Ley» o que suspendan la cotización cuando los precios estén por debajo de los costes, «igual que hicieron cuando se dio la circunstancia contraria y no dudaron en suspender las cotizaciones por el alto precio del cereal, que perjudicaba a los operadores».

Además, la Alianza también demanda a los organismos de control que supervisen no solo la mercancía que entra en los puertos españoles, sino que obligue además a que el precio de entrada del grano nunca sea inferior a los precios que reciben los agricultores españoles por su cereal, porque lo contrario «sería competencia desleal y estaría atentando contra la propia Ley de Cadena Alimentaria».

Por último, la Alianza UPA-COAG exigió a la Junta de Castilla y León que dote del presupuesto necesario a la Dirección General de Cadena Alimentaria de la Consejería de Agricultura para que «deje de ser una figura decorativa y, de una vez por todas, actúe con recursos suficientes para hacer cumplir la Ley con la que se ha dotado a la Cadena Alimentaria».