La sequía pone en graves aprietos al campo leonés

En otros casos donde sí están siendo productivas, según el presidente de ASAJA en León, Jose Antonio Turrado, «se están comenzando las labores de cosecha afrontando pérdidas como mejor se puede». Dichas pérdidas, afirma, «se encuentran principalmente en el sector del cereal, aunque también se sufre en los forrajes y en las proteaginosas y leguminosas».

Para afrontar dichas pérdidas económicas, por el momento la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha aprobado unas ayudas por valor de 145 millones de euros, a lo que habría que sumar, también, 600 millones procedentes de la Política Agraria Común (PAC).

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «ha prometido ayudas», declara Turrado. Unas ayudas que «tampoco son lo que necesitamos pero que nos acogeremos a ellas», reconoce. Y es que el pasado 15 de junio la propia ASAJA junto con UCCL y Alianza UPA-COAG se manifestaron en Valladolid pidiendo unas ayudas mínimas de mil millones de euros, lo que supondría la mitad de las pérdidas estimadas este año: 2.000 millones.

A nivel general, los datos que se manejan desde ASAJA y las distintas asociaciones e instituciones agrícolas son unas previsiones de cosecha de 222 mil toneladas de grano en la provincia leonesa, que incluye trigo, cebada, avena, centeno... Un grano que ha visto reducido su precio en más de un 25% respecto al 2022: la cebada, por ejemplo, estaba el año pasado a 343,3 euros y su coste actual roza los 250.

Las siembras de maíz en la provincia de León cayeron este año un diez por ciento respecto al año pasado, al pasar de 73.787 hectáreas a 66.445, lo que supone «un retroceso en el cultivo preferido por los agricultores leoneses debido a sus características agronómicas y a su mayor rentabilidad».

Así lo apuntó la Asociación de Jóvenes Agricultores, Asaja, de León, para la que esta reducción se debe a «imposiciones por la aplicación de la nueva Política Agraria Común» y, en concreto, «al cumplimiento de las normas de condicionalidad reforzada y las normas que regulan los eco regímenes».

En menor medida, para Asaja, la reducción de la superficie de maíz se debe también a la climatología de tiempo seco que dificultó las siembras a lo largo de los meses de abril y mayo, sobre todo en las zonas de regadío tradicional donde no era posible el apoyo del agua de riego para forzar la nascencia de la planta.

Sin embargo, aunque el precio del grano de maíz ha caído hasta en cien euros por tonelada desde el pasado otoño, la organización agraria no cree que esta situación haya sido la determinante para que se hayan reducido las siembras.

A esta superficie de maíz grano hay que sumar 3.300 hectáreas de maíz forraje para ensilado y aprovechamiento por las ganaderías locales, una superficie que se repite cada año sin grandes cambios.

«La obligación de rotar las parcelas y de diversificar cultivos ha sido el motivo de esta caída en las siembras de maíz, que incluso ha incrementado la superficie de tierras de barbecho», apuntó la organización agraria, al tiempo que explicó que algunos de los cultivos que sustituyen el maíz, como el caso del girasol, «tienen rentabilidades mucho más bajas», mientras que otros, como las alubias, «no tienen asegurada la demanda por parte de las empresas envasadoras de legumbres». Así, «el único cultivo que ha crecido a costa del maíz y que este año puede tener rentabilidad es el de la remolacha, pero su crecimiento no justifica toda la caída del maíz».

Asaja reclamó una PAC que «no se empeñe en decir qué pueden sembrar y qué no pueden sembrar los agricultores» y que «deje que cada cual siembre el cultivo que le parezca más interesante según la demanda del mercado y las condiciones agronómicas del mismo». Para la organización, los cambios de cultivos que promueve la nueva PAC «no aportan los beneficios para el medio ambiente, sino que distorsionan los mercados y provocan caídas de renta de los productores».