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Los ganaderos de porcino están cansados de que «se recurra a las mismas mentiras de siempre», para atacar a un sector que ya en 2019, con un valor de 1.234,9 millones de euros, se convirtió en la principal actividad agropecuaria de la región ... por encima de los cereales.
Así lo expresa Miguel Ángel Ortiz, presidente de la Federación de asociaciones de productores de ganado porcino de Castilla y León, que ha salido al paso de la queja planteada por la Denominación de Origen Ribera del Duero en la que, en un primer momento, fueron seis bodegas las que se movilizaron contra la instalación de granjas y ahora es la DO la que se ha posicionado también en contra.
En concreto, desde este órgano manifiestan su «preocupación ante la inminente instalación de granjas porcinas dentro de la zona de producción amparada por la Denominación en terrenos plantados de viñedo y junto a proyectos enoturísticos». Añaden su respeto hacia «aquellas iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo de la zona, siempre y cuando su establecimiento no ponga en peligro la principal economía y forma de vida de la comarca: los proyectos en torno al vino y el enoturismo».
Por su parte, Ortiz apela al diálogo. «No entiendo el conflicto, podemos hablar», asegura e insiste en que en esa zona «siempre ha habido vino y granjas, creemos que hay sitio para todos. De hecho, hay bodegas que son dueñas de ganaderías y al revés».
Sitúa el origen del conflicto en un hecho concreto «que ahora se quiere extrapolar a todo el sector». Según explica Miguel Ángel Ortiz, «en su día se interesaron por una misma instalación dos compradores: un bodeguero y un ganadero, y finalmente se lo llevó un ganadero, con lo que aprovechando eso se convierte en un tema candente».
En su opinión, «eran seis bodegas críticas con el asentamiento de granjas y ahora la DO ha tenido que decantarse ante las presiones;y personalmente creo que las elecciones en la DO también juegan su parte».
En estos momentos existen al menos dos proyectos en marcha en esta zona burgalesa: uno en La Aguilera parado por trámites administrativos, y otro en San Juan del Monte, donde las bodegas que se consideran perjudicadas han presentado un recurso para frenar la implantación. «Si se hacen alegaciones se paralizan los proyectos, pero si se cumple y se presentan todas las autorizaciones se sigue adelante», comenta Ortiz, aunque, matiza, «nadie quiere empezar la actividad con un conflicto; nos queremos reunir con esas bodegas».
El asunto ha llegado a las Cortes y mientras el PSOE ha acusado a la Junta de «abandonar a la DO Ribera del Duero frente a la implantación de nuevas macrogranjas», desde la Consejería de Agricultura se apuesta por la aplicación del principio de legalidad y se señala que las autorizaciones no se pueden negar si se cumplen los criterios legales.
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