El juzgado de lo contencioso anula los acuerdos de la Diputación en el reparto de ayudas a entidades agrarias

El principal argumento que ha valorado el Juez ha sido la falta de concurrencia competitiva, dada la inexistencia de criterios de valoración de los expedientes.

Respecto al conflicto de intereses al que se aludía en la demanda, en las personas de los diputados Matías Llorente y Avelina Vidal, por sus cargos en Ugal-Upa y en la cooperativa Ucogal, la sentencia determina que aún «resultando patente e indiscutible la existencia de conflicto de intereses, los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptaron por unanimidad, por lo que no es posible sostener que la intervención de los citados resultó decisiva para la adopción del acuerdo, además de tratarse de una cuestión dilucidada ya en el proceso penal sobreseído».

La sentencia obliga a devolver 209.999,94 euros, de los cuales 13.770,68 euros corresponden a la demandante, ASAJA de León. ASAJA exigirá que a la vista de la sentencia se anule la convocatoria de estas mismas ayudas del año 2021, regida por idénticas bases, una convocatoria que se encuentra suspendida por propuesta del Presidente vista en el Pleno y comunicada a las partes el 22 de febrero de 2022.

La sentencia deja de manifiesto para la organziación agraria denunciante que «los servicios técnicos y jurídicos de Diputación se pusieron al servicio del poder político, en las personas de Matías Llorente (UPL) y Avelina Vidal (PSOE) haciendo informes  ad hoc que llevaron a acuerdos que ahora anulan los tribunales de justicia».

En opinión de ASAJA, los diputados del equipo de gobierno «cedieron, aun a sabiendas de estar haciendo el mal, a las pretensiones de Matías Llorente y de Avelina Vidal de perjudicar a ASAJA y beneficiar a Ugal-Upa, y aunque los diputados del PP, como partido de oposición, no intervinieron en los acuerdos, la mayoría de ellos, y en particular Raúl Valcarce, hicieron suyos, incluso en sede judicial, todos los planteamientos políticos del vicepresidente Matías Llorente».

ASAJA espera que con esta sentencia, y con la llegada de un nuevo Gobierno a la Diputación, de la composición que sea, «se cierre una etapa en la que no se ha reconocido el papel de las organizaciones agrarias, y en particular de la mayoritaria que es ASAJA, en la defensa profesional de los intereses de los agricultores y ganaderos de la provincia, y que se ha utilizado el dinero público para influir en los resultados de las elecciones agrarias de enero de este año, en las que, por cierto, ASAJA ganó de nuevo con clara mayoría absoluta, por lo que fracasaron en su estrategia».

ASAJA espera que el Presidente en funciones «no tenga la osadía de recurrir la sentencia» con depósito de fianza incluido, acto para el que «seguramente no tenga poderes al estar en funciones».