Junta y Ministerio coinciden en la necesidad de liberar superficie de barbecho

Así se postuló un día antes de participar este miércoles en la Conferencia Sectorial de Agricultura, en la que solicitará la implementación de medidas al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, y una visión única hacia Europa para la flexibilización del documento. «Tenemos que hacer todos una reflexión para encontrar la mejor de las soluciones», argumentó.

Acompañado hoy por el secretario general del Ministerio, Fernando Miranda, ambos participaron en la Feria de Valladolid en una jornada sobre el sector agrario ante la nueva PAC (2023-2027), organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, con el patrocinio de Caja Rural de Zamora.

En este foro, Carnero consideró que la PAC no puede entrar en vigor el 1 de enero de 2023, en las actuales circunstancias. «Nuestra agricultura y ganadería venía sufriendo ya un incremento de costes de producción, derivado especialmente por la energía y que no estaba siendo atajado de manera clara y todo esto se ha visto agravado y derrumbado por la invasión de Rusia en Ucrania», lamentó. Se trata, a su juicio, de una situación «de agravio», más allá de la «desgracia humanitaria y ataque a la libertad», y que afecta «sobremanera a algo tan importante como es el abastecimiento que llegaba de Ucrania o la energía que se suministraba desde Rusia».

En este punto, sentenció que la próxima PAC nació con un «acento excesivo» en la sostenibilidad medioambiental, pero ello, dijo, se debe ayudar de otra económica y social, «para que haya gente en los pueblos». «Algunos hablábamos de que el taburete de tres patas: medioambiental, económica y social; se debía convertir en silla con la entrada de la pandemia, con una cuarta pata que es la sostenibilidad alimentaria, y eso consiste en pasar de un taburete a una silla, en la cual el respaldo es la seguridad de todos los consumidores y tener los suministros», detalló Carnero con la utilización de esta metáfora. Por ello, reclamó una «concepción más agrarista de la PAC y menos medioambientalista».

Carnero apeló a la necesidad de implementar medidas a nivel europeo y español, en colaboración con las autonomías. De ahí la solicitud la semana pasada de la Conferencia Sectorial de mañana, para abordar esta problemática. «El sector está pasando momentos críticos. Y decir eso es lo mismo que decir que la sociedad está en una situación complicada, porque nadie quiere que se produzca un desabastecimiento y debemos entre todos hacer lo mejor para impedirlo. En eso estamos trabajando», recoge Ical.

Nuevas propuestas

En la misma línea se pronunció Miranda, quien sostuvo que el conflicto en el Este de Europa «no es neutro» para el sector agrario y ganadero español desde el punto de vista de seguridad del suministro y los costes de producción. Vaticinó que durante esta semana la Comisión Europa ofrecerá propuestas al respecto, auspiciados por los Estados miembros tras la reunión extraordinaria de los ministros de Agricultura la semana pasada, y confió en que una de ellas sea precisamente la «liberación de superficie» de barbecho para poder sembrar más y obtener más producción.

Entre ellas, mencionó también la importancia de las importaciones de terceros países de productos para alimentación animal y de establecer un «enlace» para la adquisición de maíz, cuya procedencia de Ucrania alcanzaba el 30 por ciento. Ahora se suplirá con compras a Estados Unidos, Canadá y Sudamérica, medida a la que dio luz verde ayer el Ejecutivo central y que, según Carnero, «afectará de forma positiva a Castilla y León, como al resto de España». «Que podamos obtener alimento desde otras partes nos beneficia. Somos una potencia ganadera», recordó.

Igualmente, Miranda aseguró que «siguen muy de cerca» las decisiones que tome Bruselas sobre la capacidad de aumentar la producción y abastecimiento de proteaginosas. «Tenemos que esperar para que estas medidas puedan aliviar los problemas de algunos sectores», señaló en referencia a la ganadería, «sobre todo aquellos que tienen más dificultad para trasladar a la cadena alimentaria el incremento de los costes de producción».