El gran cambio del sector agrario en Castilla y León

Para Castilla y León, la incorporación debía ser beneficiosa por dos aspectos. Por una parte, mejoraría las condiciones de acceso de los productos agrícolas de la comunidad a los mercados de los estados miembros. Y por otra, también modificaría las estructuras de producción, aumentando las expectativas de modernización gracias a la financiación por parte de los fondos estructurales comunitarios. El cambio fue radical.

Cuando la PAC llega a Castilla y León la situación del campo era muy distinta a la actual. Era un momento en el que todos los mercados estaban regulados, había precios mínimos para los productos y cuando había excedentes, el Estado compraba la producción.

Pero el cambio más trascendental para Castilla y León llegaría con la gran reforma de la PAC del 1992 o la llamada reforma 'MacSharry'. Cuando aún el campo de Castilla y León estaba acostumbrándose a la burocracia de la PAC, esta reforma puso el rumbo agrario hacia un mercado internacional globalizado y para ello las ayudas pasan de ser según lo que se cultive o la cantidad que produzca el profesional, a pagarse por hectárea y cabeza de ganado. «De repente se cambia el sistema. Los precios se bajan hasta un 30% para competir en el mercado europeo y en ese momento las ayudas se convirtieron en pagos compensatorios», afirma José María Santos, responsable de Agricultura e Innovación de Urcacyl.

En 2003 la PAC vuelve a dar un giro de 180 grados y se vincula a las rentas de los profesionales. Con esta reforma se suprime la conexión entre las ayudas y la producción y entra en juego el nuevo sistema de ayudas directas. Los agricultores castellanos y leoneses tienen unos derechos históricos por los que reciben ayudas independientemente de lo que produzcan con la condición de que atiendan las tierras agrícolas y cumplan las normas en materia de seguridad de alimentos, medio ambiente, sanidad y bienestar animal. En concreto en Castilla y León esta medida no se aplicó hasta 2006.

Esta nueva filosofía abrió un nuevo horizonte y la estructura de las explotaciones agrarias en un territorio tan grande como el de Castilla y León se va modificando. «Cuando ha habido ayudas a determinados cultivos como el girasol o las leguminosas, las superficies de éstos han crecido. Además, si no se hubieran exigido al agricultor ciertos requisitos para cobrar las ayudas no se hubiera podido llegar a los estándares de calidad actuales», apunta el responsable de Agricultura e Innovación de Urcacyl.

En estos momentos, los agricultores y ganaderos se rigen por una prórroga de la reforma de 2013, que incluyó un 'greening' o reverdecimiento de los pagos, pero a partir de 2023 serán más verdes. Lo que está claro es que el campo de Castilla y León se ha ido adaptando a los requisitos que ha marcado la PAC, esa política europea que cuando aterrizaba en la Castilla de los ochenta generaba incertidumbre y que en la actualidad supone gran parte de la viabilidad de las explotaciones de los agricultores de la comunidad por suponer entre un 30% y 35% de sus rentas.

Libretas para anotar

Cuando la PAC llegó a Castilla y León aún se usaban las libretas para anotar la producción de cada año, las ayudas se pagaban en pesetas y apenas existían políticas que hablasen de sostenibilidad medioambiental.

El sector del campo ha cambiado en Castilla y León mucho. Las ayudas que adquirían los agricultores desde Europa, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han pasado de ser de 27,5 millones de pesetas (165.278 euros) en 1986 a 3.379.472 euros del último año.

También las hectáreas se han visto modificadas, tanto en los tipos de cultivos como en la cantidad de superficie que se ha beneficiado de las tan necesarias ayudas al campo. Por ejemplo, en el año 2021 la superficie beneficiada de la PAC ascendió a los 5,2 millones de hectáreas.

También se ha reducido el número de demandantes de la PAC. La última campaña ha registrado 69.296 solicitudes,el 30% menos que hace una década.