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Silvia G. Rojo
Jueves, 1 de junio 2023, 20:25
Los ganaderos salmantinos no cesan en su reivindicación de exigir cambios en los programas de erradicación de tuberculosis. De manera muy general, consideran necesario que las campañas de saneamiento se centren en el control de la enfermedad y «con unas pruebas menos lesivas para ... las ganaderías».
Sus peticiones de momento no han dado resultado y tras publicar el Ministerio, el pasado lunes, una orden en la que limita los movimientos de bovinos de la comunidad de Castilla y León, como respuesta a una resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del 15 de mayo, han decidido endurecer la acciones de protesta.
Así, el próximo lunes, 5 de junio, el colectivo Unión por la Ganadería se concentrará ante la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca, a las 12:30 horas, «para exigir el cese inmediato de los responsables de las campañas de saneamiento tanto a nivel provincial como regional».
Así mismo, se seguirá pidiendo al sector que se suspenda la participación en todas las ferias ganaderas incluida la de SALAMAQ del próximo mes de septiembre, al tiempo que anuncian «la paralización de todos los saneamientos de campaña a partir del próximo día 12 de junio». En este sentido, «se insta a los ganaderos a suspenderlos o en su defecto no colaborar en su desarrollo», una postura que se mantendrá «hasta conseguir el cese de los responsables de sanidad antes mencionados y hasta que el Ministerio de Agricultura se digne a reunirse con este colectivo y plantee cambios en el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis que se ajusten a la casuística de las ganaderías de extensivo», aseguran.
Jacinto Sánchez, portavoz de Unión por la Ganadería se muestra consciente de que los ganaderos «no pueden oponerse al saneamiento pero habrá piquetes en las fincas para que no se puedan llevar a cabo».
Insiste en que el Ministerio retire las limitaciones aplicadas a la región que define como «un 155 en toda regla».
Asume que la situación «está muy tensa» e identifica varios posicionamientos en este tema de la sanidad animal que enfrenta «al sindicato de veterinarios y a los veterinarios libres que están a favor nuestro».
En opinión de este colectivo al que representa, las campañas de saneamiento son «un chiringuito en el que hay varios interesados, y todo lo que se convierte en un negocio es para sospechar».
Concluye que se está jugando con el tema de la sanidad de cara a la opinión pública, «somos los primeros interesados en tener una buena sanidad, vivimos de ello, comemos carne».
Pérdidas millonarias
Por su parte, el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) ha hecho los primeros cálculos sobre esta situación y estima que los movimientos de la especie bovina, solo en Salamanca, mueve más de cinco millones y medio de euros al mes, lo que supone que «cada día que pasa se ponen en riesgo cerca de doscientos mil euros en esta provincia, a los que hay que sumar las pérdidas en las otras cinco provincias con limitación de sus movimientos pecuarios». El dedo acusador se dirige a la Consejería de Agricultura, que según este sindicato demuestra una «absoluta incapacidad para la gestión sanitaria y productiva» que en su opinión «no solo están propiciando unas pérdidas millonarias al subsector del vacuno, sino que están llevando al desprestigio y pérdida de confianza a toda la producción pecuaria de esta Comunidad».
22%
es el censo de vacuno de carne que representa Castilla y León en el conjunto del país
Desde la Junta de Castilla y León se ha decidido dejar sin efecto la orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de 15 de mayo, como ha planteado el Ministerio, y esperar hasta que haya una resolución judicial para seguir adelante o no con la misma.
Según fuentes consultadas se espera que haya una respuesta rápida por parte del tribunal competente y se vuelva a la situación original en materia de movimientos hasta que la justicia se posicione de manera definitiva.
El Ministerio, además de la orden del pasado lunes, ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la resolución.
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