La Diputación de León acusa a Asaja de «tergiversación» y «manipulación torticera»

La Diputación de León aclaró este martes que Asaja y el resto de organizaciones agrarias devolverán las ayudas recibidas de la institución provincial al anularse las convocatorias comprendidas entre los años 2020, 2021 y 2023, puesto que las sentencias son firmes y la institución provincial se ve obligada a ejecutarlas.

En un comunicado recogido por Ical, en respuesta a las afirmaciones de Asaja, explicó que las sentencias no dan la razón al sindicato agrario en su petición de que reciba, aseguró, más cuantía que el resto, sino que anula las convocatorias de los años 2020, 2021 y 2023, con lo que remarcó no se estima su reclamación.

Asimismo, matizó que los fallos a las que hace alusión Asaja y su responsable en León no aluden «en ningún momento a que ni el actual equipo de gobierno de la Diputación de León ni el anterior es un sectario que ha pretendido beneficiar a sus amigos con actuaciones ilegales», algo, por el contrario, que aseguró ha quedado acreditado en otra sentencia anterior. «Estas afirmaciones son un claro ejemplo de tergiversación y de manipulación torticera de la realidad», apostilló.

Por ello, apuntó que Asaja no explica que todas las organizaciones tendrán que devolver las cantidades recibidas por parte de la Diputación de León de los ejercicios 2020 y 2023, las que ha reclamado vía judicial, con el consiguiente «perjuicio económico» para ellas. Entre ellas se encuentra Asaja, que del ejercicio 2020 tendrá que devolver 13.562,86 euros.

En respuesta al comunicado emitido por la Diputación de León, Asaja se reitera en su postura y afirma que las sentencias «sí dan la razón» al sindicato ya que «lo que se impugnaba era el sistema de reparto, las bases de la convocatoria, quedando probado que no se ajustaban a derecho por no respetar el principio de 'concurrencia competitiva'».

Insiste el sindicato en que en el «trasfondo de todo esto» está «el intento del equipo de Gobierno, el actual y el de la anterior legislatura, de amañar unas ayudas para beneficiar la organización agraria UGAL-UPA».

La judicialización del asunto, sigue Asaja, «puso de manifiesto el equipo de Gobierno, además de sectario, es un incompetente que no sabe aplicar las leyes, o un prevaricador si, sabiendo aplicarlas, no lo ha hecho conforme a derecho». Por último, aclaran que el sindicato «por supuesto que devolverá lo que la Diputación le reclame del ejercicio 2020, porque eso es ejecutar la sentencia».

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