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Castilla y León está dando la batalla hasta el último momento por la figura del agricultor activo. Ayer fue la última ocasión en la que el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, propuso en la Conferencia Sectorial que en esa denominación ... se incluyan no solo a aquellos que obtienen como mínimo un 25% de sus ingresos de la actividad agraria o a aquellos que perciben hasta 5.000 euros sin ningún otro condicionante, sino que «en todo caso y en cualquier modalidad» se les exija ser cotizantes a la Seguridad Social Agraria.
Carnero concretó que la manera de que el profesional esté identificado es a través de ese sistema de cuotas, «es algo importante y trascendente, estamos hablando no solo de la PAC sino del futuro de la agricultura y la ganadería». Lo cierto es que la región se ha convertido en abanderada de esta postura que no comparten otras comunidades con bastante peso en el sector agrario.
La reunión entre el ministro, Luis Planas, y las Comunidades para concretar la aplicación de la PAC (Política Agraria Común) en España a través del Plan Estratégico no fue definitiva a pesar de que a 31 de diciembre, la propuesta española debe estar remitida a Europa para su aprobación. «Los trabajos aún no han finalizado», matizó Carnero, «tenemos que seguir trabajando».
El grueso de los asuntos está ya cerrado, sobre todo en lo referente a las ayudas directas (primer pilar), aún queda por avanzar en el diseño de las acciones de desarrollo rural (segundo pilar). Las autonomías pueden enviar sus propuestas hasta final de octubre. Por otra parte, los ecoesquemas, la remuneración de prácticas beneficiosas para el medio ambiente, constituyen el elemento más complejo en la elaboración del Plan Estratégico.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó que el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España se someterá a un proceso de consulta pública a finales de noviembre, en el marco del procedimiento de evaluación ambiental y previo a su envío a final de año a la Comisión Europea, a quien compete la aprobación definitiva del mismo. El objetivo es que los agricultores y ganaderos tengan garantizado el cobro de las ayudas a partir del 1 de enero de 2023.
En palabras del ministro, «no habrá problema de plazos, ya está previsto», por lo que esa consulta coincidirá con el periodo de discusión con la Comisión Europea, tal y como declaró tras la celebración de la Conferencia Sectorial desarrollada de manera telemática.
Desde la celebración de la anterior Conferencia Sectorial, el pasado 14 de julio, el Ministerio y las Comunidades han celebrado 11 reuniones conjuntas generales y temáticas, además de numerosos encuentros bilaterales en los que se han profundizado en las cuestiones planteadas por los territorios y se ha avanzado en la concreción de los aspectos que requerían un mayor grado de definición.
El ministro Planas remarcó que se trata de una PAC «muy ambiciosa, con el objetivo de que resulte más justa, más sostenible y más social».
Pago redistributivo. Desde la región se defiende que vaya solo a los profesionales. De momento, se han establecido dos umbrales.
Ecoesquemas. Castilla y León pretende que se elimine la degresividad (reducción de la ayuda a partir de una determinada superficie) en estas prácticas ambientales.
Plan Sectorial del ovino- caprino. En el marco de las intervenciones sectoriales, la región reclama un plan específico para este sector, al igual que se ha hecho con el olivar.
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