El campo teme que la PAC relegue a los profesionales que viven de la agricultura

Una vez alcanzado la pasada semana el acuerdo comunitario sobre los reglamentos de la nueva PAC que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, ha llegado el momento de que cada estado miembro, dentro de unos parámetros, haga su propio desarrollo de la norma, adaptado a los intereses del país aunque en el caso de España, a nadie se le escapa lo complejo de poner de acuerdo a 17 autonomías con realidades muy diferentes para trazar ese plan.

Donaciano Dujo, presidente de Asaja, parte de esa premisa. «Es la primera vez que los estados van a tener mucha potestad en el desarrollo de lo aprobado». Hace especial hincapié en la figura de agricultor genuino, y que sean aquellos que están dados de alta en el régimen de la Seguridad Social y apuestan por el seguro agrario los que puedan cobrar las ayudas. Califica como «barbaridad» que aquellos que tienen la agricultura como segunda actividad puedan llegar a cobrar más que «los verdaderos profesionales».

Aurelio Pérez, secretario de COAG, afirmó que «la ejecución es lo importante, que se gasten y se aprovechen todos los fondos». Su percepción es que todos los años se enarbolan «discursos exagerados para al final, terminar con lo mismo que venía siendo el agricultor activo». Reprocha también que a esos agricultores a título principal «no se les prioriza, no se hace nada por ellos. Se mantienen actividades para todos por igual, seas quien seas y eso se va a traducir en que se va a perder la oportunidad de dar prioridad a los profesionales».

Primar al agricultor genuino

Aurelio González, secretario de UPA, asegura que «ahora mismo las dudas son muy grandes, deberíamos tener ya un documento y no es el caso». Cabe que destacar que el pasado lunes se puso en circulación un resumen de algunas de las ideas que se quieren plasmar en ese plan.

«Esperamos que la reforma tenga un criterio social, no solo medio ambiental», advirtió. «Nos preocupa mucho qué vamos a hacer con los derechos si no se pone otro mecanismo para controlar la superficie, ahí tiene que seguir existiendo una serie de derechos pero actualizados por cuantías y perceptores».

Jesús Manuel González Palacín, secretario de UCCL, explica que «Europa anima a definir la figura de agricultor genuino, quiénes deben ser los perceptores, nunca hemos tenido tan cerca la posibilidad de que las ayudas de la PAC vayan a los agricultores a título principal». A pesar de lo dicho, González Palacín teme que «el ministro ceda a las presiones de Andalucía o Extremadura, que tienen muchos perceptores que tienen la agricultura como un complemento y no quieren dejarlos fuera. Si vamos a dar ayudas a todo el mundo, perjudicamos a los profesionales».

Tras el Consejo Europeo de julio de 2020 y la conclusión hace unos días del acuerdo comunitario sobre los reglamentos de la nueva PAC, esta misma semana se ha celebrado la comisión sectorial, previa a la Conferencia Sectorial que tendrá lugar la próxima semana.

Evitar desequilibrios territoriales

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha referido en los últimos días al Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común que, según su visión, debe mantener «la ambición medioambiental que entra desde terceros países» y la sostenibilidad social y económica del sector agrario; evite desequilibrios territoriales en el conjunto de las autonomías y priorice a los agricultores a título profesional. «Son tres ejes vitales en los que el Ejecutivo central y la Junta coinciden», agradeció Mañueco, quien, sin embargo, admitió que «ahora queda la letra pequeña», según recoge Ical.

En opinión del consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, se abre un periodo «intenso y trascendental» de cara a esa negociación interna que comenzará la semana que viene. En total, la Política Agrícola Común tiene un presupuesto de 390.000 millones de euros, de los cuales España recibirá 47.724 millones.