El campo regresará a las calles de Salamanca con una tractorada

La tractorada reivindicativa se iniciará con una concentración en el aparcamiento de las Madres Bernardas y, posteriormente, arrancará un recorrido que trascurrirá en caravana por paseo de la Aldehuela, paseo Canalejas, plaza España, avenida de Mirat, Puerta Zamora, regresará por venida de Mirat y enfilará la Gran Vía para terminar frente a la Subdelegación del Gobierno donde procederán a la lectura de un comunicado. Así lo anunciaron hoy los líderes provinciales de las tres organizaciones durante una comparecencia pública durante la que desgranaron un decálogo en el que, en resumen, solicitan, además de mayor rentabilidad, «más respeto hacia agricultores y ganaderos profesionales».

En términos esquemáticos, las organizaciones agrarias salmantinas llevarán a las calles de la capital del Tormes un decálogo reivindicativo con el que pretenden mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas. En primer lugar, reclaman un plan de choque contra el incremento de los costes de producción. «Pedimos este plan de choque debido a la baja e, incluso, nula rentabilidad de los sectores productores agrarios ante la brutal subida de los costes de producción, incluidos combustibles, electricidad, abonos, fitosanitarios o piensos al no poder trasmitir los mismos a los precios de venta de nuestros productos», señalaron.

Además, exigen la aplicación «inmediata» de la Ley de la Cadena Alimentaria, «obligando a los compradores al incremento de los precios pactados para los productos agrarios», algo que, según denunciaron, no está ocurriendo ahora en el sector vacuno de leche. Otro punto se refiere a la protección de los profesionales en la nueva PAC porque las medidas propuestas les sitúan «en desventaja con respecto a quienes tienen el campo como actividad complementaria».

Por otro lado, solicitan un nuevo Plan Hidrológico porque se está haciendo «a espaldas y en contra» del sector agrario. «No es posible que se planteen recortes de concesiones y peajes para la modificación de concesiones de riego existentes y la creación de comunidades de regantes de agua subterránea. Y no es aceptable que no se den concesiones para ganadería en zonas calificadas en mal estado. El agua es vital para el asentamiento de población en el medio rural y para el relevo generacional, que es inviable si no se permite implantar nuevas explotaciones ante la falta de concesiones de agua y no se invierte en nuevos regadíos y en modernización de las infraestructuras hidráulicas», afirmaron.

Además, piden unos criterios medioambientales «realistas» y que tanto la normativa medioambiental como la aplicación de la misma tengan en cuenta a «los verdaderos garantes del medioambiente rural, que son los agricultores y ganaderos». «Se están aplicando criterios que no son ni realistas, ni se pueden cumplir y, además, dañan gravemente la escasa actividad económica que hay en el medio rural», denunciaron. De igual manera, reiteraron la necesidad de control de la fauna salvaje que «está haciendo mella en las producciones agrarias», aparte del «incremento en los accidentes» que se están sufriendo en las carreteras rurales ante la creciente población de estos animales. En este sentido, solicitan indemnizaciones por los daños causados, recoge Ical.

Asimismo, las organizaciones reclaman unas líneas de seguros agrarios «adecuadas y actualizadas», que permitan la defensa del agricultor y ganadero «ante el monopolio de Agroseguro» y campañas gubernamentales a favor del sector agrarios. «Han criminalizado al sector y pedimos un giro de 180 grados y que se realicen campañas por parte del Estado que pongan en valor la labor de agricultores y ganaderos y animen al consumo de los productos nacionales», añadieron.

Por último, hicieron hincapié en la necesidad de potenciar el relevo generacional. «Pedimos que se implanten las medidas necesarias para hacer más atractiva la profesión agrícola y ganadera a los jóvenes y pueda darse un efectivo relevo intergeneracional. Solicitamos actuaciones, no solo palabras, sino una batería de normativas que faciliten la incorporación de jóvenes al campo y no que las penalicen, como está sucediendo en la actualidad», concluyeron.