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A paso firme y lanzando maíz por las calles de León para exigir medidas que garanticen la subsistencia de un sector que «se ahoga». Cerca de 200 ganaderos y agricultores leoneses han marchado este viernes por las calles de la capital. Su objetivo, levantar la ... voz frente al Gobierno central y Europa para que se modifique la nueva Política Agraria Común, que califican de «engañosa y complicada» y que dicen «no entiende nadie» antes de que sea demasiado tarde.
Convocados por el sindicato UCCL y acompañados por una cosechadora de maíz y un tractor cargado de este cereal autóctono decenas de agricultores ya perjudicados por las pérdidas que ha ocasionado un año con esta normativa europea lanzaban un SOS. «En este año habremos perdido un 25% de la renta de nuestros derechos que veníamos cobrando de la PAC», asegura Juan Antonio Rodríguez Ferrero, presidente de la Unión de Campesinos en la provincia.
Precisamente el cultivo de maíz es de los más afectados al exigir cumplir con el barbecho en regadío. Habla Rodríguez Ferrero de una «aberración» y pone el ejemplo de un ganadero leonés que tenga 20 hectáreas que dedique a autoconsumo. «Si planta ocho de forraje y doce de maíz y ahora la PAC le dice que no puede sembrar maíz, que lo tiene que comprar a otros ¿qué hace?», lamenta, al tiempo que asegura que el sector está «agobiado» y «no sabe a qué atenerse».
Unas rotaciones que para el coordinador autonómico de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, no tienen «ningún sentido» porque «las explotaciones medias en León son de 40 hectáreas cuya economía fundamental es el maíz. Si se lo quitas baja su economía un 50 o 60 por ciento cuando siempre ha funcionado perfectamente».
La rentabilidad del maíz leonés se ve comprometida por los altos costes de los abonos y la caída de las cotizaciones del grano. Así lo ha explicado este viernes en un comunicdo la organización Asaja, que alerta de que, mientras en 2021 los agricultores vendieron el maíz a 277 euros la tonelada, en la actualidad lo hacen a 225.
La caída de las cotizaciones es de 52 euros por tonelada, explican, lo que supone que el productor deja de percibir una media de 676 euros por hectárea. Además, señalan en el comunicado, en la campaña del año 2021, en mayo, los abonos nitrogenados costaron 263 euros por tonelada y en marzo los abonos complejos 351 euros por tonelada, mientras que en la campaña actual, en los mismos meses, los precios han sido 466 y 712 respectivamente, lo que supone un incremento del 77 por ciento en los nitrogenados y del 102,8 por ciento en los complejos de sementera.
En la provincia de León se han cultivado para grano un total de 67.500 hectáreas, con una producción estimada de 884.455 toneladas, cifra que no supone un récord en una provincia que ha llegado a superar el millón de toneladas, «debido a que se han reducido las siembras por la obligación que impone la nueva PAC (Política Agraria Común) de dejar barbecho, rotar parcelas y diversificar cultivos».
En el punto de mira las políticas europeas. Acusan los trabajadores a las administraciones de tomar medidas en un despacho de Bruselas sin conocer la realidad del campo, en reuniones «a 4.000 kilómetros sin tener ni idea de la realidad y que no aportan nada nuevo», señalaba González Palacín.
Las quejas también salpican a la ganadería, principal afectada por la ley de bienestar animal que tendrá una incidencia especialmente negativa en el sector avícola, con reducciones de hasta dos tercios en las explotaciones. «Es para asustarnos todos», señala Rodríguez, que alerta de que, de salir adelante la ley, «dentro de un año o un par el pollo en lugar de costar tres o cuatro euros en el supermercado lo vamos a ver a 15 o 18».
Ahogados por la burocracia pero convencidos de que es posible modificar esta PAC antes de que sus efectos causen más pérdidas al sector, trabajan junto con la consejería de Agricultura en una propuesta para que el Gobierno central presente en Europa con el objetivo de flexibilizar la norma.
Aunque alertan de que la situación ya es «tremenda», González Palacín sí cree que están a tiempo de revertirla adelantando la modificación del plan estratégico que entraría en vigor en 2025. «Tenemos que convencer a las administraciones de que no tiene sentido dejar de producir aquí y traer alimentos de otros países», explica, y señala que «es mucho más ecológico hacerlo aquí que traer una tonelada de maíz de Argentina o de Estados Unidos».
Piden a las administraciones que se impliquen y miren a un sector que supone el 20% del PIB de Castilla y León y que exige apoyo para seguir siendo «competitivos y productivos».
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