El campo de Castilla y León reclama «con una sola voz» flexibilizar la PAC

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, y los representantes de las opas de la Comunidad, el presidente de Asaja, Donaciano Dujo; los responsables de La Alianza, Lorenzo Rivera (COAG) y Aurelio González (UPA); y el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, escenificaron su unidad en un acto celebrado en la sede del Instituto Tecnológico de Castilla y León (Itacyl).

García-Gallardo consideró «muy positivo» el documento de consenso y aclaró que será el próximo lunes Gerardo Dueñas quien acudirá con los papeles debajo del brazo a una reunión de todos los consejeros de Agricultura a Madrid con el ministro Luis Planas, donde defenderá un conjunto de propuestas para acabar con las «excesivas restricciones» de la nueva PAC y «evitar entre todos» debilitar al campo, que es «una pieza fundamental a nivel social y económico».

El vicepresidente de la comunidad aclaró que el texto incluye peticiones de flexibilización para la próxima campaña y medidas estructurales para el plan estratégico 2023-2027, modificaciones que esperan se incorporen a la propuesta que llevará España para que sea aprobada por la Comisión Europea.

García-Gallardo precisó que los planteamientos están dirigidos hacia el agricultor profesional, para «aprobar ciertas exenciones para facilitar la rentabilidad de las explotaciones y flexibilizar todos los criterios de la PAC». En este sentido, recalcó que «Si se siguen imponiendo determinadas condiciones que afectan a la capacidad productiva se producirán menos alimentos y, en un contexto de inflación, impactará negativamente en los precios y afectará a los consumidores».

El dirigente de Vox remarcó que es «muy importante» que Castilla y León cuente con una posición común, y deseó «los mejores éxitos» al consejero Dueñas en la reunión del lunes, para que «consiga llevarse el gato al agua para convencer al ministro de que esto es lo mejor para el campo en Castilla y León y en toda España».

Donaciano Dujo destacó que la posición de Castilla y León es «clara» y pasa por «favorecer a los profesionales, a los que tenemos la agricultura como bien económico principal» y garantizó que «lucharemos por lo nuestro, porque el Gobierno central ponga en su sitio al profesional productivo y libre de la agricultura».

Dujo recordó que en todas las reformas de la PAC, Junta y opas «hemos tenido una posición conjunta». «Somos ejemplo de hacer bien las cosas, de unidad, y de defender de manera común con fuerza lo nuestro», enfatizó.

El líder agrario exigió al ministro Planas que tome en consideración la posición de Castilla y León, por el peso de su sector en España, lo que «permitirá a los agricultores trabajar las explotaciones para buscar la máxima rentabilidad y producción dependiendo de las circunstancias climatológicas y del terreno que tengamos año a año». Así, sentenció: «Es una barbaridad que se impongan criterios desde Bruselas, que se aumentan desde Madrid, para trabajar las tierra de Castilla y León».

El presidente de Asaja dibujó el contenido de las reivindicaciones y expuso que «no se puede obligar a sembrar tierras malas por encima del barbecho tradicional que se venía utilizando, ni a los regadíos a no sembrar un maíz porque haya que rotar un cultivo absurdo».

Prosiguió con las demandas de la postura de Comunidad, explicando que «es absurdo tener que dejar márgenes en nuestros cauces cuando éstos están secos todo el año» así como que no tengan la posibilidad de acogerse a los ecoregímenes porque «se impongan porcentajes de cultivos o semillas que no hay o son carísimos».

Aseveró que tampoco tiene «lógica» que «desaparezca la ayuda al girasol o que no tengan apoyos los terneros de las vacas de leche. Donaciano Dujo también indicó que seguirán exigiendo un plan específico para el sector del ovino, para apuntar a la figura del agricultor activo o el pago redistributivo.

Lorenzo Rivera afirmó que hoy se tomó en consideración un «documento importantísimo» porque si no cambian las exigencias de la PAC «en dos o tres años desaparecerán muchas explotaciones». «Esta PAC no ayuda nada, hay que cambiarla y en Europa, el que no llora no mama», advirtió, para defender que el documento de unidad de acción incluye «cosas tan lógicas, como que se adapte la PAC a la realidad agronómica de Castilla y León».

Rivera explicó que cuando se inició el diseño del nuevo marco en 2017-2018, la realidad nada tenía que ver con la actual, marcada ahora por una escasez de alimentos y precios muy elevados. «Nos vemos ante el impedimento de poder producir lo que somos capaces, lo que perjudica a los verdaderos profesionales», dijo, para apelar a que se consienta sembrar conforme a la realidad agronómica y climática de Castilla y León, marcada por sequías «un año si y otro también». «No podemos seguir así porque nos llevan a la ruina. La viabilidad está pendiente de un hilo», dijo, para asegurar que otras autonomías están de acuerdo con el contenido de su documento de consenso.

Jesús Manuel González Palacín aseguró que para su organización, UCCL, hoy es un «día feliz», porque llevaban reclamado el documento desde verano, una texto «imprescindible», un «gesto de generosidad por parte de todos», que solo constituye, dijo, «un primer paso». «Ahora toca presionar muy fuerte al ministerio para que lo asuma», señaló, para repetir que le consta que hay más autonomías que comparten la postura de Castilla y León.

González Palacín trasladó que es preciso que antes de mazo se logre que la Comisión Europea acepte este planteamiento para adaptar una PAC que se diseño hace ocho años en otra «realidad» sin los retos actuales de producción de alimentos. «Hay que adaptar la PAC y compaginarla con el cuidado del medio ambiente, pero desde Europa no podemos salvar el mundo, porque los esfuerzos medioambientales deben tener carácter global», razonó.

El dirigente agrario tachó la PAC de «nefasta» por sus condicionantes ambientales «absolutamente excesivos» y denunció que «tampoco favorece al medio ambiente». «Tiene muchas medidas que son totalmente absurdas, que bajan la productividad de forma significativa y elevan los costes de producción».

Una situación en un contexto de crisis alimentaria mundial en el que «no podemos perder competitividad porque sino otros países nos van a comer el mercado», dijo, para apelar a incorporar nuevas tecnologías para «hacer compatible la productividad con el cuidado del medio ambiente».

El documento de consenso demanda excepciones en las condiciones de aplicación de la solicitud única para la campaña 2024, así como una propuesta de modificación del Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC) correspondiente al periodo 2023-2027.

En el documento se incluye también una nota en la que se reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la puesta en marcha del Plan sectorial para el Ovino «con el fin de apoyar a este sector, cuyo abandono y disminución de censos año tras año resulta alarmante».

En cuanto a las medidas de flexibilidad que se plantean, obedecen a la constatación de que «la rotación de las tierras de cultivo por parcela supone un cambio significativo en las políticas agrícolas en España que exige un periodo de adaptación, reflexión y concienciación de los agricultores». Y que afecta especialmente a los cultivos de maíz, que indirectamente repercuten sobre las explotaciones de vacuno que lo usan para alimentar a sus cabañas.

«La continuidad de la obligación de la rotación durante el año 2024 producirá una reducción de la superficie sembrada y, en consecuencia, la producción disminuirá, y con ello obligará a la importación de maíz de otros países alejados de España por el desabastecimiento del mercado nacional», se afirma en el documento con la posición común de la Comunidad.

Y añade: «Es difícil justificar esta obligación cuando la situación geopolítica mundial que llevó a la Comisión Europea a excepcionar esta norma el año pasado, por la escasez de alimentos en el seno de la Unión«, persiste.

Por ello, la propuesta de Castilla y León para eliminar o reducir condicionantes como la obligación de establecer el barbecho en las superficies de regadío, o la rotación del cultivo de maíz, que conllevan limitaciones o reducciones de producción, permitirá evitar el alza de los precios de los alimentos, precisamente en un momento inflacionista.

Otra de las propuestas fundamentales del documento incide en la necesidad de apoyo extraordinario a sectores estratégicos como el cultivo del girasol y, por supuesto, la de potenciar la figura del agricultor profesional, puesto que debe ser el actor principal de las políticas agrarias.

Por otra parte, buena parte de las propuestas de modificación se centran en los diferentes elementos de la nueva 'arquitectura verde', en concreto a las normas sobre Condicionalidad Reforzada y la intervención relativa a los Eco regímenes. Estas segundas propuestas necesitarán de la aprobación por parte del Ministerio de Agricultura, así como de la ratificación posterior por parte de la Comisión Europea.