CHD y patronal forestal buscan «consenso» en el conflicto por los chopos

El borrador del Plan Hidrológico 2022-2027 recoje la prohibición de nuevas choperas en los dominios hidráulicos cartográgicos. Esta norma, que en realidad ya estaba en vigor desde 2016, pero se 'hacía la vista gorda', levantó a productores madereros y ayuntamientos de ribera que argumentaron que pondría en peligro 1.200 empleos.

Tras la reunión, Danés se comprometió a «trabajar conjuntamente en el borrador del Plan Hidrológico» pero dejó claro que «las cosas antes se han hecho de una manera y ahora se van a hacer bien». En este sentido, recordó que no ha habido cambio de criterio en la CHD ya que la normativa data de 2016 y lamentó que «la plantación en los cauces es un problema que nos hemos encontrado y que no era nuestro». La Confederación Hidrográfica del Duero «no ha prohibido las plantaciones, sino que ha abierto la prohición y la ha flexibilizado», reiteró una y otra vez.

Danés achacó el problema a que el control de plantaciones «se ha estado haciendo de 'aquella manera'», algo que se va a corregir con los nuevas herramientas técnicas de medición que establecen cuál es exactamente la parte del cauce que se puede ocupar. Esto obligará a delimitar bien el límite hidráulico, algo que antes «se hacía a ojo», les advirtió.

De hecho tres confederaciones (Duero, Ebro y Miño-Sil) se han puesto de acuerdo para armonizar los criterios y evitar agravios, lo que permitirá cerar una hoja de ruta antes de que finalice el periodo de alegaciones del Plan Hidrológico (22 de diciembre).

Desde la Plataforma siguen exigiendo que «se modifique el borrador» y agradecieron que se les «dé más participación en el rediseño de las líneas principales de su diseño», explicó Ignacio García, director de la Asociación de Fabricantes de Contrachapado.

Ambas partes se han comprometido a «buscar un consenso que nos haga sentirnos cómodos a todos», valoró García. El plazo que tienen ambas partes finaliza en dos meses.

Desde la Plataforma de ayuntamientos y madereros admiten que había una prohibición «desde 2016, pero su aplicación no se ha hecho efectiva hasta 2019» (tras el cambio de Gobierno central). «Ha habido un cambio de concepto de cauce. Antes era el de aguas bajas y ahora es el cartografiado y va mucho más allá. En algunos municipios abarca 200 metros. Ahí está el conflicto de usos», resumió Olga González, gerente de las Asociaciones Forestales de Castilla y León. Hasta ahora la CHD estaba autorizando plantaciones de chopo en los 100 metros correspondientes a la zona de policía fuera del dominio público hidráulico (que son unos pocos metros).

En el sector esperan que se llegue a un acuerdo «aplicando unas bandas de protección, pero manteniendo el posible uso sobre la base del cauce de aguas bajas», dijo González. En la práctica el conflicto afecta a unas 4.500 de las más de 54.000 hectáreas de chopo plantas en la región (8,5% del total).