Las ayudas a las organizaciones agrarias de Castilla y León se reducen un 28%

«Hemos ido asumiendo la carga administrativa con responsabilidad y de manera profesional y para hacer esa labor hacen falta medios técnicos, urbanísticos, enseres y personales», indica el presidente de Asaja, Donaciano Dujo. De igual modo, destaca que «ese recorte nos parece injusto, otras entidades no tienen ese recorte, no es lógico y así se lo tendremos que explicar a los socios cuando tengan que pagar lo que no se subvencione». Para Asaja, con esta medida «no se acaba el mundo, no dependemos de una subvención de la Consejería, pero es ilógico e irresponsable que se quite de esta manera cuando se está dando a otros y de otras formas».

Concluye que es «gracias al esfuerzo titánico de las organizaciones agrarias en charlas, día y noche, que los agricultores y ganaderos se están enterando de las novedades catastróficas de la PAC». Una Política Agraria Común cuya reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

Para Aurelio González, coordinador de la Alianza UPA-COAG, esta bajada de fondos «es una falta de respeto al trabajo que estamos haciendo». En palabras del dirigente agrario, «el consejero dijo que se nos daba la ayuda por ser y eso no es así, todos los años presentamos una memoria de todo lo que hacemos y en base a esonos la conceden». En opinión de González, son las organizaciones agrarias, y así se lo trasladó al consejero, Gerardo Dueñas, «las que estamos haciendo todo el trabajo de los funcionarios». Lamentó que en muchos casos ya no exista la atención presencial y que la tarea de los servicios territoriales se haya limitado «a revisar expedientes que hacemos los demás».

El coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, al igual que el resto de sus compañeros, rechaza la medida, «creemos que hacemos una labor muy importante, somos el primer para choques, los primeros a los que nos vienen los agricultores y ganaderos y nosotros trasladamos a la Junta; esa labor hay que apoyarla y cuantificarla».

También manifestó que la cuantía «es bien poco» si se compara con lo que reciben las organizaciones agrarias desde Madrid, tres millones de euros por cada una de ellas. Concluyó que la labor de asesoramiento va más allá de los propios profesionales del sector agrario, «también hacemos una labor de asesoramiento a la propia administración».

En la última convocatoria, cuya resolución se publicó el pasado 27 de octubre en el Boletín Oficial de Castilla y León, a Asaja regional se concedió una ayuda de 415.675 euros; a UPA y COAG, de 145.886 euros a cada una de ellas y a UCCL de 260.000 euros.

Según consta en el propio Boletín, los importes concedidos se cargarán al Presupuesto de gastos de la Consejería para los ejercicios 2022 y 2023.