Los ataques del lobo cuestan cinco millones de euros a los castellanos y leoneses

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, explicó en la Comisión del ramo de las Cortes, a preguntas del Grupo Popular, las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León respecto al incremento de ataques de lobo desde la inclusión de la especie en el LESPRE.

«Es un parche y la medida tiene que venir por revertir la situación», sentenció en relación con la orden de septiembre de 2021 que incluyó el lobo al norte del Duero en el en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Así, afirmó que en un año ha crecido un 20 por ciento hasta 5.000 cabezas de ganado muertas el año pasado y añadió que, al caerse el marco legal, se han creado problema en la indemnización a los ganaderos por los daños causados.

Por ello, se estableció un plan de choque para explotaciones ganaderas con cinco millones de euros en dos años para identificar explotaciones con un mayor número de daños, y han salido 238 explotaciones. Además, recordó que la Junta presentó un recurso en la Audiencia Nacional para revertir la situación, que está en curso, pero que tienen esperanzas en que se les dé la razón.

Igualmente, se modificó el régimen de indemnizaciones con una nueva orden de pagos compensatorios que establece un marco para indemnizar los daños, en la que se han revisado los baremos para compensar los daños emergentes y lucro cesante cuando hay un ataque al ganado.

Junto a ello, precisó que se ha establecido un sistema que permite pagar con retroactividad al norte del Duero, es decir daños con origen en septiembre de 2021 hasta la actualidad. «Los daños al norte del Duero van a tener el sistema de indemnización».

En su respuesta al procurador del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, insistió en que «lo más importante son medidas paliativas» a la ganadería extensiva, auque añadió que no es la solución, sino se va a la raíz de controlar la población, porque cerrarán las explotaciones.

«Es una política sin sentido, con un criterio ideológico, sin tener en cuenta a las comunidades y los expertos», zanjó sobre la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.