Asaja rechaza el documento sobre la aplicación de la PAC del Ministerio

Ante esto, Asaja reiteró que una de las «líneas rojas» que debe de marcar la Junta en sus encuentros con el Ministerio es lograr una definición del «agricultor activo» que se acerque más a la del agricultor profesional. En concreto, pide que todo perceptor de la PAC tenga que acreditar la cotización a la Seguridad Social y la declaración de sus ingresos en la Agencia Tributaria, algo que, aunque parezca obvio, no ocurre en la actualidad ni tienen previsto exigir en los próximos años.

En su opinión, la propuesta del Ministerio solo se entiende «desde la óptica de aprovechar la PAC para sacar rédito electoral» y no para mejorar el tejido productivo de la ganadería y agricultura español, basado en una gestión empresarial del modelo de explotación familiar. Además, aseguró que esto permite al país ser una potencia agroalimentaria con vocación de exportar y con capacidad de vertebrar el territorio.

«La reducción de las ayudas al agricultor profesional, para favorecer otro modelo de agricultura, resta competitividad al campo de Castilla y León y de España», manifestó Asaja, que tampoco comparte las normas restrictivas de los ecoesquemas sin una ayuda incentivadora, ni comparte los criterios de la ayuda redistributiva, ni una convergencia en las ayudas que sea demasiado drástica.

También, la organización agraria fue defensora de la desaparición de los denominados «derechos de la PAC», algo que ahora a su juicio las administraciones quieren perpetuar por la simple razón de que su permanencia les facilita la gestión administrativa.

Por otra parte, Asaja tiene dudas, a falta de datos oficiales, de que cuestiones como la reducción de regiones productivas, las nuevas ayudas asociadas, el pago redistributivo, o la inclusión de nuevos sectores como perceptores de fondos, permitan mantener un montante de fondos en Castilla y León equiparable al de etapas anteriores, ya que podría haber transvase de fondos hacia otras comunidades.

Por último, Asaja consideró que no se ha clarificado suficientemente la política que se seguirá para modernizar el campo, para los programas agroambientales y de zonas desfavorecidas, y para lograr un relevo generacional efectivo y compatible con los intereses del resto de profesionales ya en activo. Tampoco comparte el modelo de financiación por la escasa aportación del Estado a los programas de desarrollo rural nutridos fundamentalmente con fondos del FEADER.