Asaja, COAG y UPA acusan a Ribera de incumplir y piden la retirada del proyecto de protección del lobo

Con este movimiento, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico «incumple de forma unilateral lo expuesto a las organizaciones agrarias en la reunión del 12 de mayo, en la que el Director de Biodiversidad del MITECO afirmó que se vincularía la aprobación de esta orden a una estrategia integral de gestión y control del lobo consensuada previamente con ganaderos y Comunidades Autónomas», explican a través de una nota de prensa. Estas mismas organizaciones rechazan «frontalmente» la fecha del 25 de septiembre como límite de entrada del Lobo en el LESPRE.

El rechazo de las organizaciones agrarias viene motivado por las siguientes cuestiones: La inclusión o no del lobo en el LESPRE sólo puede ser el resultado o conclusión a partir de la elaboración de una Estrategia de Conservación del lobo y una normativa que de seguridad jurídica.

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Por otra parte, «existe de nuevo una contradicción por parte del MITECO si sigue adelante con la publicación de esta orden, ya que no es posible abordar de forma efectiva una Estrategia de Conservación del lobo si no hay una visión integral de la situación. Es necesario que, una vez que haya sido consensuada la Estrategia, se adopten las medidas necesarias para clasificar al lobo donde sea más adecuado para su conservación sin menoscabar ni poner en peligro a la actividad ganadera».

Argumentan que con esta «celeridad» en la publicación de la orden ministerial el objetivo del Ministerio es «el de la expansión del lobo en el territorio, ignorando las consecuencias que esto tendrá para la ganadería extensiva y para el medio rural».

Concluyen que antes de realizar actuaciones dirigidas a la expansión y aumento en el número de lobos «es necesario analizar el actual número de manadas y ejemplares que existen y debatir las medidas más adecuadas y efectivas que faciliten la coexistencia del lobo con la ganadería: control poblacional, ayudas para implementar medidas de prevención y compensaciones públicas frente a los daños«.