La Junta, ocho diputaciones, las organizaciones, Urcacyl y Ferduero acuerdan alegaciones contra el Plan Hidrológico

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, señaló hoy en Palencia que «la unión de todos los afectados a la hora de plantear alegaciones es una clara muestra de que este Borrador no responde a las necesidades reales del campo de Castilla y León».

«Hoy presentamos unas peticiones esenciales y necesarias, ajustadas a la realidad y que tienen como único objetivo un uso sostenible, racional y equilibrado del agua para el regadío». Lamentó «que el proyecto actual de Plan Hidrológico no contemple más regulaciones y superficie de regadío», recoge Ical.

Las entidades firmantes del acuerdo plantearon «la falta de perspectiva de reto demográfico» del Borrador del proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero presentado. Además, manifestaron que tampoco presenta un equilibrio entre objetivos sociales y económicos con criterios eminentemente ambientales, lo cual perjudica la actividad agraria y el desarrollo de regadíos en Castilla y León.

Aun así, recordó que estas alegaciones, que todos los firmantes consideran básicas, serán presentadas, con independencia de aquellas otras que se consideren oportunas por cada institución, entidad o asociación.

Todo ello desde la apuesta por «un uso sostenible, racional y equilibrado del agua para el regadío», las cuales se segmentan en regulaciones, nuevos regadíos, aguas subterráneas y contaminación difusa, apuntó Carnero.

Alegaciones

En primer lugar, dentro del capítulo de las regulaciones, el consejero señaló que la cuenca del Duero es la que menor capacidad de regulación tiene, a excepción de las del norte de España. Se demanda ejecutar de forma urgente, además de las actuaciones ya contempladas en el Proyecto de Plan Hidrológico, actuaciones para mejora de aguas subterráneas, como son las Lastras de Cuellar, recrecimiento Santa Teresa, balsas laterales de Tordesillas, y una mayor dotación presupuestaria para las balsas de Las Cuezas.

Asimismo, se demanda la inclusión de una medida que refleje la ejecución de estudios tendentes a planificar más actuaciones que se puedan ir concluyendo, en lo que se refiere a su ejecución, en los siguientes horizontes de la planificación.

En relación a los nuevos regadíos, trasladó que de las nuevas zonas de regadío que el plan contempla para ejecutar en este horizonte, buena parte ya están ejecutadas o a punto de hacerlo, por lo que cuando se apruebe el plan ya estarán en funcionamiento.

El Sector IV Cea Carrión, Armuña, Canal Alto Payuelos sectores XXII y XXIV y Canal Bajo Payuelos están en esa situación. Además, se solicitó que se incluyan algunas actuaciones desechadas por no viables, ya que se considera que la justificación del descarte de estas actuaciones no es adecuado o suficiente.

A raíz de ellos se demanda la inclusión de las siguientes actuaciones, que, o bien se han descartado por no viables o constan con menor superficie de la prevista: sector V Cea-Carrión, ampliación Valdavia, Armuña III, Valderas, Hinojosa del Campo, Aranzuelo y sector IV Cea Carrión. En conjunto estas actuaciones suponen unas 7.000 hectáreas.

En tercer lugar, explicó que el planteamiento es el de un uso sostenible de las aguas subterráneas y que no sea la única medida la reducción de los usos actuales. Por lo que se pidió mantener la consideración existente hasta la fecha respecto a las zonas con limitaciones específicas, debe desaparecer la consideración de zona no autorizada en los municipios en los que no se ha llegado al índice de explotación marcado.

Y es que, no se considera adecuado tomar con carácter preventivo medidas restrictivas de carácter amplio que tendrán consecuencias para el futuro y el desarrollo de las explotaciones. Aplicar en un territorio limitaciones, con independencia de cuál sea su situación respecto al índice de explotación y tendencia de niveles piezométricos, parece una prevención injustificada.

De igual manera, la aplicación de restricciones cuando los índices de explotación superan 0,75, lo que supone suficiente resguardo y garantía para conseguir la recuperación en estas zonas de las masas. Por ello, no se considera justificado aplicar a mayores, las restricciones en los municipios dónde no se haya llegado a estos índices de explotación como si fueran zonas no autorizadas.

Tampoco aplicar el peaje por modificación de características que vienen justificadas por necesidades agronómicas y que no influyen en el consumo de agua. Además, recalcaron que el Plan tampoco aporta solución alguna a los denominados pozos de minas, por lo que se sigues reclamando que se abra la posibilidad normativa de regularizar estos aprovechamientos.

Contaminación difusa

Carnero destacó que la postura común es de oposición a la prohibición total de conceder derechos concesionales para ganadería y regadíos en zonas vulnerables en mal estado químico o riesgo de estarlo.

Y es que, se impide el otorgamiento de derechos concesionales para ganadería y regadío en las zonas vulnerables, en mal estado químico o en riesgo de estarlo, sin tener en cuenta que estas actividades adecuadamente realizadas no tienen por qué incrementar los excesos de nitrógeno.